Durante el proceso de Revocación de Mandato, el INE ha recibido 172 quejas por presuntas violaciones a diversas disposiciones legales, cometidas principalmente por funcionarios públicos
Durante el proceso de Revocación de Mandato presidencial en curso —de noviembre y hasta ayer 7 de abril—, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 172 quejas por presuntas violaciones a diversas disposiciones legales, cometidas principalmente por funcionarios públicos del nivel federal y estatal. Además, otorgó 25 medidas cautelares ordenando el retiro de publicidad y mensajes en espacios físicos y medios digitales, informó Lorenzo Córdova.
“Es importante mencionar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado todas esas decisiones”, dijo el consejero presidente del INE.
Del total de quejas, precisó, 13 corresponden a presuntos usos de recursos públicos o conductas indebidas de servidores públicos en términos de la imparcialidad de los recursos que tienen a su disposición.
Medidas cuatelares
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, precisó el consejero electoral Ciro Murayama, “ha emitido 25 medidas cautelares, de las cuales cinco han ido al presidente de la República; cuatro a la Consejería Jurídica y al vocero de la Presidencia; tres a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de que han recibido medidas cautelares 29 gobernadores, y 61 senadores”.
Desde su punto de vista, “hemos vivido un proceso de revocación donde las reglas constitucionales de no intervención gubernamental se han violado de manera sistemática y contumaz, lamentablemente”.
Mientras que el consejero electoral Jaime Rivera Velázquez detalló que están en curso 12 procedimientos en materia de fiscalización.
“Básicamente, estos casos los atiende la Unidad Técnica de Fiscalización y la comisión correspondiente cuando involucra uso de recursos por parte de sujetos obligados que tengan prohibido intervenir en este proceso de Revocación de Mandato, destacadamente los partidos políticos, que son los primeros sujetos obligados. Y puede tratarse también de servidores públicos o entes públicos, o inclusive, en algunos casos, de gastos de particulares”.
Por otra parte, Córdova advirtió: “Y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente, están violando la ley, no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso”.
Con respecto a las quejas, principalmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la autoridad electoral no instalará el número suficiente de casillas, respondió: “No le den vueltas, si no hay más casillas es responsabilidad de la Cámara de Diputados y del gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, no de esta institución”.
