La Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso Local aprobó que el exregidor del municipio de Querétaro, Enrique González González, reciba una jubilación de 63 mil pesos mensuales
Con alrededor de 63 mil pesos mensuales, el municipio de Querétaro deberá jubilar a quien fuera regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos veces diputado local, Enrique González González, tras un amparo que promovió ante el Poder Judicial de la Federación (PJF).
El actual diputado local por Partido Acción Nacional (PAN), José González Ruiz, integrante de comisión legislativa del Trabajo y Previsión Social recordó en entrevista que la pasada Legislatura le negó el derecho al afectado, debido a que se consideró que un representante popular no es un empleado público, por lo que se le descontaron nueve años de trabajo.
Fue entonces que Enrique González decidió ejercer la impugnación y el resultado fue que juez Quinto de Distrito, tras revisar el expediente, determinó lo contrario en términos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Además, dijo, el exlegislador se amparó con la Ley anterior, por lo que no le aplica la norma reciente que dicta que ningún empleado público puede percibir más de 42 mil pesos por concepto de Jubilación o Pensión.
Durante la sesión de dicha comisión, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presidente de la misma, Néstor Gabriel Domínguez Luna, informó que ya suman 315 amparos en la materia promovidos por 374 trabajadores en busca de justicia laboral y lamentó que la mayoría de ellos se dan porque los diputados interpretan mal la Ley.
“Deciden que los convenios laborales son solamente un acuerdo de voluntades entre las partes que no pueden estar por encima de la ley.
“Postura que un servidor no comparte… Una vez más el Poder Judicial tiene que resarcir la incorrecta interpretación de la Ley de los Trabajadores y los convenios laborales por parte de algunos diputados”, expresó.
La resolución ya se encuentra publicada en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” y deberá acatarse junto con otras resoluciones de la misma naturaleza promovidas por otros ocho empleados públicos.
