Dos científicas, de los 31 investigadores acusados por corrupción, comparecieron ante la FGR para responder por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades
Dos científicas de 31 personas denunciadas por uso indebido de recursos públicos comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad indiciadas de cuatro presuntos delitos, entre ellos, delincuencia organizada y corrupción, pero se reservaron su derecho a declarar.
La fundadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y exsecretaria técnica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Patricia Zúñiga; y Gabriela Dutrénit, excoordinadora del foro; comparecieron ante la FGR por un caso contra académicos y científicos del Conacyt, a quienes se les acusa de haber gastado 561 millones de pesos de dinero público de manera injustificada.
Zúñiga, quien asistió junto a su abogado Ricardo Sánchez, solicitó a la Fiscalía acceso y copia de la carpeta de investigación, integrada por 10 tomos, y se reservó su derecho a declarar y se comprometió a rendir su declaración por escrito en el término de una semana.
A su salida de la Fiscalía, la fundadora del foro no dio declaraciones a la prensa, pero su abogado confirmó a los medios que los delitos por los que es investigada su representada son los que se conocen públicamente: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
La presentación de Zúñiga ocurrió ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), al igual que la de Dutrénit, quienes se apuntaron como las dos primeras personas, de una lista de 31 científicos y académicos, en presentarse a las oficinas de la entidad para dar su declaración ministerial.
El caso
Hace dos semanas, la FGR insistió que solicitaría órdenes de aprehensión contra científicos, académicos y exfuncionarios del Conacyt, quienes presuntamente desde ese organismo autorizaron un millonario financiamiento.
Esto, primeramente, ante la negativa de un juez federal a la solicitud de orden de aprehensión por los delitos de patrimoniales en contra del erario público, delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros.
Previamente, María Elena Álvarez-Buylla, actual directora del Conacyt, envió dos informes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los que relató que 31 funcionarios son acusados de haber gastado presuntamente 561 millones de pesos de dinero público de manera injustificada.
«Entre los gastos de operación había facturas de choferes, celulares (teléfonos móviles), servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero», indicó el documento de Álvarez-Buylla.
Según medios locales, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó arrestar por operación de recursos con procedencia ilícita y delincuencia organizada a 31 científicos, académicos y personal administrativo del organismo público.
Pero la solicitud obedecería a una denuncia presentada presuntamente por Álvarez-Buylla, por el desvío de 50 millones de pesos por parte de dichos trabajadores.
Sin embargo, algunos columnistas acusan al fiscal de querer vengarse ya que buena parte de la comunidad científica criticó duramente que la dirección del Conacyt distinguiera en junio a Gertz Manero con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, su más alto reconocimiento.
