La OEA alertó que la desconfianza en la democracia provocada por la pandemia de COVID-19 es el principal desafío para enfrentar el problema de la corrupción en los países de América Latina
Derivado de la pandemia por COVID-19, el nivel de confianza en las instituciones democráticas cayó; lo que representa un gran desafío para avanzar en la percepción de corrupción de cada país, refirió Moisés Benamor, jefe de Sección de Apoyo a Instituciones Representativas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Lo anterior, durante su participación en Querétaro en el foro «Visión y Perspectivas de la Lucha contra la Corrupción”, realizado en conjunto por el Poder Legislativo de Querétaro y la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) del estado.
Recordó que según los resultados del Índice Global de Percepción de la Corrupción, México se ubicó en el lugar 124 de 180 países evaluados.
Explicó que del total de países evaluados en el índice, el 68 por ciento está por debajo de 50 puntos en una calificación de 0 a 100 puntos, por lo que la calificación más alta indica que no existe corrupción.
El representante de la OEA subrayó que en el índice, México obtuvo apenas 34 puntos: «De Latinoamérica, prácticamente todos los países se encuentran por debajo de esos 50 puntos, donde México tiene 34 puntos», dijo sobre el impacto de la pandemia en el combate a la corrupción.
Mencionó que el motor más importante de la corrupción en América Latina es el crimen organizado.
«Mucho tiene qué ver la incapacidad de construir marcos normativos para combatir delitos financieros, lavado de dinero o tráfico de personas».
Por su parte, Guillermo Moncayo, del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, informó que la tasa de homicidios en el continente americano es de 17.2 por cada 100 mil habitantes.
Consideró que son las organizaciones de crimen organizado las que permean en las instituciones de seguridad, por lo que es necesario que todas las dependencias del ramo se conecten y trabajen en conjunto.
En el foro participó el titular de la ESFE, Enrique de Echávarri Lary y el contralor del estado, Óscar García González; así como los diputados locales Selene Salazar, Ana Paola López Birlain, Antonio Zapata y Maricruz Arellano.
