Para la activista Marlene Martín Rico existe una deficiencia por parte de la FGE para que las denuncias se judicialicen
El nivel de impunidad que existe en Querétaro sobre los delitos de violencia hacia las mujeres es estructural; sin embargo, esta inicia a partir de que la policía, como primer respondiente, no levanta denuncias de oficio, apuntó Marlene Martín Rico, integrante del equipo jurídico Las TEMIS Luchando Juntas A.C.
«Cuando vemos que hay violencia familiar y llamamos a la policía no llega ningún respondiente; y cuando llega, las mujeres ya amenazadas, los policías no levantan la denuncia de oficio, no levantan las carpetas de investigación, solo los reportes».
Mencionó que con la implementación del Sistema Cosmos los policías traerían una tableta para levantar denuncias y hacer videollamadas directamente con el Ministerio Público, sin embargo, esto actualmente no sucede.
La abogada añadió que, cuando las denuncias se presentan ante la Fiscalía General del Estado (FGE) «son inhibidas» por la misma institución; mientras que, si la denuncia es admitida por la Fiscalía, no hay investigación suficiente lo que impide que las carpetas avancen a su judicialización.
«En violencia familiar la fiscalía no judicializa estos casos, y los dejan en archivo muerto y no realizan la investigación porque son muchísimos. El indicador está rebasando todos los sistemas pero es responsabilidad del propio sistema que no ha actuado y no hace nada por las víctimas».
Añadió que, en el caso de violencia sexual, las víctimas tienen que pasar largas horas esperando a un médico legista, y un proceso de revictimización.
«Y generalmente no hay mujeres médicos y todo esto genera que las mujeres ya no quieren denunciar y ahí se quedan esas carpetas de investigación. La prescripción de los delitos sexuales también genera impunidad», enfatizó.
Según el último informe de México Evalúa sobre el Índice de Impunidad, en 2021 Querétaro mostró un índice de impunidad del 79.2 por ciento en el delito de violación; en violencia familiar un índice del 64.3 por ciento; y en el delito de feminicidio del 66.7 por ciento.
