Después de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exhortó el pasado 14 de septiembre al vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, “a evitar el uso de expresiones discriminatorias que atenten contra los derechos humanos o puedan servir como justificación para actos de intolerancia, agresión u odio en contra de las personas de la comunidad LGBT+, y sumarse desde su importante ministerio a una cultura del respeto y la inclusión”, vinieron a mi mente las palabras del Papa Francisco ─el pasado 26 de septiembre─ sobre lo que llamó “la tentación de la cerrazón”.
“A veces también nosotros, en vez de ser comunidad humilde y abierta, podemos dar la impresión de ser ‘los primeros de la clase’ y tener a los otros a distancia; en vez de tratar de caminar con todos, podemos exhibir nuestro ‘carné de creyentes’: ‘yo soy creyente’, ‘yo soy católico’, ‘yo soy católica’, ‘yo pertenezco a esta asociación, a la otra…’; y los otros pobrecitos, no. Esto es un pecado. Mostrar el ‘carné de creyentes’ para juzgar y excluir”, expuso el Papa.
Asimismo expresó: “Los discípulos querían impedir una obra de bien solo porque quien la realizaba no pertenecía a su grupo. Piensan que tienen ‘la exclusiva sobre Jesús’ y que son los únicos autorizados a trabajar por el Reino de Dios. Pero así terminan por sentirse predilectos y consideran a los otros como extraños, hasta convertirse en hostiles con ellos. Hermanos y hermanas, cada cerrazón, de hecho, hace tener a distancia a quien no piensa como nosotros, y esto —lo sabemos— es la raíz de muchos males de la historia: del absolutismo que a menudo ha generado dictaduras y de muchas violencias hacia quien es diferente”.
El exhorto del Conapred partió de “la posición jerárquica relevante que Martín Lara Becerril ocupa dentro de su comunidad religiosa, la influencia carismática que ejerce dentro de ella, y, por tanto, el efecto amplificado que su opinión puede tener entre algunas personas”.
Cabe recordar que Luis Felipe Zamudio Burgos, presidente del Centro de Orientación e Información de VIH/SIDA (COIVIHS), denunció ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ─en agosto─ por posibles actos de discriminación en contra de la comunidad LGBT+, a Lara Becerril; tras sus declaraciones en el sentido de que la “Iglesia Católica siempre defenderá a la familia conformada por padre, madre e hijos; protegeremos a la vida humana concebida en la familia desde su concepción hasta la muerte natural…” y por defender el discurso de la hoy exdiputada local Elsa Méndez (denunciada por discriminación y a quien la Defensoría de Derechos Humanos le emitió una recomendación precisamente por sus expresiones sobre esta comunidad): “evidentemente la postura que ella representa es totalmente afín al pensamiento de la Iglesia y, repito, trabajaremos nosotros con quien esté a favor de la vida”.
En su escrito, la Conapred le dijo al vocero de la Diócesis que “Si bien del análisis puntual de las expresiones denunciadas no se identifican elementos concretos que constituyan expresiones denigrantes en contra de personas, discursos de odio en contra de algún grupo social, llamados de agresión que pongan en riesgo el ejercicio de derechos o se hayan generado algún tipo de daños determinados objetivamente a partir de una relación causa-efecto entre los dichos y sus posibles afectaciones, y teniendo en cuenta que dichas manifestaciones están protegidas por las libertades de expresión, pensamiento y creencias establecidas en los artículos 6º, 7º, y 24º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también es de reconocerse que -conforme al propio texto constitucional y precedentes judiciales- estas no son absolutas y tienen como límite, entre otros, los derechos de otras personas, como lo es el derecho a la igualdad y no discriminación”.
Y le recordó: “ejerciendo Usted un ministerio religioso debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el inciso e) del artículo 130 constitucional que reconoce el principio histórico de la separación entre el Estado mexicano y las iglesias, y establece que los ministros de culto no ‘podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones’”.
¿No será ya tiempo de que quienes profesamos la religión católica ─jerarquía y fieles─ hagamos un mea culpa sobre cuánto daño hacen nuestra intolerancia y nuestra soberbia?
¿Hasta cuándo dejaremos de creer en el absurdo de que somos los únicos “buenos” y que eso nos da el derecho de juzgar a los que son diferentes?
