Permítame iniciar esta columna con una cita:
“Ustedes, como diputados electos, tienen un gran trabajo de que anali-cen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y propongan mo-dificaciones de fondo y que se elimine, ya que el pato Donald, Pedro In-fante o que usen nuestros nombres para hacer preguntas (…) mínimo que se identifique la persona a la que se está contestando”.
Esta afirmación se la debemos a María del Carmen Carballo Vicencio, síndica única del Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, durante una se-sión de cabildo celebrada en diciembre de 2019.
El regidor de Movimiento Ciudadano Víctor Cantú Salazar secundó a la funcionaria, diciendo que, aunque la ley los obligue a responder, no pue-den tomar como serias las peticiones que vengan de Tribilín.
La regidora panista Yhereri Carranza hasta agregó, muy seria, al hablar de protección de datos personales: “¿Cómo vamos a resguardar a Speedy González?”.
Durante 2019, el Ayuntamiento de Poza Rica dijo haber atendido 670 so-licitudes… y se les hacen muchas.
El colmo fue la afirmación del alcalde morenista Francisco Javier Veláz-quez Vallejo, cuando aseguró que han «tratado de responder”, cuando en realidad es una obligación, no un acto de buena voluntad, y afirma: “Las preguntas anónimas protegen a quien pregunta, pero dejan en la indefensión a quienes responden”.
Entonces, el Ayuntamiento de Poza Rica quiere que se reforme la Ley de Transparencia para negar el derecho de hacer solicitudes de informa-ción desde el anonimato.
Un ayuntamiento, por cierto, que presume haber recibido un premio na-cional por ser un “municipio transparente”.
Solo para aclarar.
Las leyes de transparencia han sido un logro importantísimo que ha abo-nado mucho a la construcción de ciudadanía, a la democracia y a la rendición de cuentas de parte de quienes ejercen el poder.
Hay leyes buenas, regulares, malas y muy malas, y siempre está la iner-cia de cualquier persona funcionaria pública de encontrar los resquicios legales para no dar información.
Pero hay que recordarle al cabildo de Poza Rica: los derechos de infor-mación incluyen el derecho de todas las personas de atraerse de infor-mación, el derecho a informar y el derecho a recibir información.
Las leyes de transparencia y protección de datos tardaron más de 80 años en reglamentar el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución y por eso son una garantía y prerrogativa que todos y todas tenemos de preguntar lo que queramos, cuando queramos y a quien queramos de la administración pública, de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno.
El Cabildo de Poza Rica, en este arranque de autoritarismo, olvida que uno de los grandes avances en materia de transparencia es que las le-yes vigentes nos permiten solicitar cualquier información que esté en po-der de cualquier entidad pública y que no tenemos ninguna obligación de decir ni quiénes somos ni para qué queremos esa información, precisa-mente porque es nuestro derecho y porque es obligación de la autoridad atender la petición.
Si al alcalde y su cabildo les molesta que las personas peticionarias no den su identidad, entonces podrían comenzar devolviendo ese “premio” que a todas luces se ve que no merecen.
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* Periodista, autor del “Manual de autoprotección para periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”.
