El director general del ISSSTE explicó que han detectado, por lo menos, 5 pensiones irregulares en la dependencia, que rebasan el tope establecido de 31 mil pesos mensuales para servidores públicos
Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, denunció que descubrieron un modelo de fraude cometido contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el que despachos de abogados prometían beneficios superiores a pensionados, los cuales se obtenían mediante juicios ganados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que afectó, durante más de 12 años, el patrimonio de la dependencia por alrededor de 15 mil millones de pesos.
El funcionario detalló que, en este esquema que se repitió miles de veces, los beneficiarios de las sentencias ilegales pagaban sobornos a los funcionarios de la JFCA, el cual, dijo, es un tribunal incompetente para resolver estos casos, y altos sueldos a los despachos de abogados.
Medina Padilla informó que han logrado judicializar a 22 personas y vincular a proceso a ocho por estos delitos. Además, han presentado 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República y actualmente están en trámite 25 carpetas de investigación.
Por otro lado, el director general del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, explicó que han detectado, por lo menos, cinco pensiones irregulares en la dependencia, las cuales, explicó, rebasan el tope establecido de 31 mil pesos mensuales como máximo para una pensión de servidores públicos.
Estas son una, otorgada en el 2000, por 237 mil pesos; otra, otorgada en 1995, por 230 mil pesos; una tercera, por 106 mil, dada en el 2000; una más, por 138 mil, otorgada en 2005, y la quinta, de 90 mil, otorgada en 1990.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que, desde julio de 2022, el presidente les encargó limpiar el instituto de la corrupción, por lo que encontraron una serie de irregularidades, como la privatización de los servicios médicos, desabasto de medicamento, abandono de las unidades médicas, y desmantelamiento de plantilla de médicos, entre otros.
Con información de El Economista
