Antes de recibir el diagnóstico, Samanta tuvo dos empleos, en cada uno tuvo una permanencia de dos meses. Actualmente administra el negocio de su papá realizando actividades tales como cotizar, comprar y facturar, entre otras
Antes de recibir el diagnóstico, Samanta tuvo dos empleos, en cada uno tuvo una permanencia de dos meses. Actualmente administra el negocio de su papá realizando actividades tales como cotizar, comprar y facturar, entre otras
“Yo me ocupo de todo lo administrativo, creo que es un trabajo que puedo manejar, ya que soy estructurada y muy rutinaria”, dijo Samantha, de 35 años, habitante del municipio de Querétaro quien fue diagnosticada con espectro autista hace un año, junto con su hijo.
Antes de recibir el diagnóstico, Sam, como le gusta que la llamen, tuvo dos empleos mientras estudiaba la universidad: el primero, en la antes denominada Procuraduría General de Justicia (PGJ), ahora Fiscalía General del Estado (FGE); y, el segundo, en una consultoría de desarrollo humano. En cada uno tuvo una permanencia de dos meses.
En la actualidad, Sam administra el negocio de su papá y dentro de las actividades que desempeña se encuentran cotizar, comprar, facturar, realizar trámites de Protección Civil, actualizar la licencia municipal de funcionamiento y ocuparse de las cuentas por pagar.
Sam realiza el trabajo administrativo, como lo ejecutó en los dos empleos anteriores, sin la necesidad de contar con un certificado de habilitación para laborar, emitido por parte de las autoridades médicas; como establece la fracción octava del artículo 17 de la “Ley general para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista”, porción normativa que sigue vigente y plasmada en el marco legal, pero que ya fue declarada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2015 como violatoria de los derechos humanos a la igualdad, la libertad de profesión y oficio, así como al trabajo digno.
Sin embargo, Sam reconoció: “Pero no duré mucho (laborando), a pesar de que me gustaba; mi ansiedad por enmascarar mis habilidades sociales, de no saber poner límites, no conocer mis emociones y, sobre todo, aún no conocía sobre mi autismo, me llevó a explotar emocionalmente y salir corriendo; siento que se me exigía unirme a un grupo laboral y convivir. Con mis papás llevo 12 años oficialmente, creo que he durado tanto tiempo, porque ellos han sido mi apoyo emocional; considero que si no hubiera quedado con ellos y, sin diagnóstico, yo sería una persona que no duraría mucho tiempo en los empleos”.
El pasado 12 de mayo, la SCJN reafirmó la constitucionalidad de la “Ley general para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista”, en relación con los derechos a la igualdad y no discriminación, a la educación inclusiva de calidad y al ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones para la toma de sus propias decisiones.
Esto, luego de que dos personas con espectro autista y discapacidad promovieron un juicio de amparo en el que reclamaron la falta de consulta a las personas con esta condición para la elaboración del ordenamiento citado, así como la inconstitucionalidad de diversas disposiciones, entre ellas, las que hablan sobre el certificado de habilitación y el ejercicio de la toma de decisiones por padres o tutores sobre las personas con el espectro.
Cabe señalar que el asunto fue turnado al máximo tribunal porque los promoventes interpusieron un recurso de revisión, ya que el juez de distrito que conoció del caso sobreseyó la demanda al considerar que los solicitantes de amparo no acreditaron su interés jurídico o legítimo, dado que sus integrantes solo afirmaron tener la condición del espectro autista, sin demostrar tal aseveración.
Respecto a la toma de decisiones, Sam señaló: “Sí tengo la capacidad de tomar mis decisiones, pero lamentablemente muchas no puedo ejecutarlas yo sola, ya que requiero apoyo emocional de otra persona. Hay autistas que tienen otro tipo de apoyos emocionales, pero yo soy más de un apoyo emocional humano. Muchas veces tengo todo para poder decidir, moverme y ejecutar, pero al no contar con mi apoyo, me falta autoconfianza”.
Subrayó que se requieren diagnósticos gratuitos en instituciones de salud públicas, ya que en la actualidad los estudios tienen un costo que oscila entre los 2 mil y los 4 mil 500 pesos, “y aquí en México, si no existe un diagnóstico en papel, el autismo no tiene validez”.
Asimismo precisó que son necesarios centros que ofrezcan y cuenten con todas las terapias que requiere una persona con espectro autista, que van desde psicología clínica, educativa, física, de integración sensorial y ocupacional, enfocada al desarrollo de independencia.
“Al realizar la entrevista diagnóstica de mi hijo, me percaté de que había mucho con lo que me identificaba con él. Así que me realizaron las pruebas correspondientes y también estaba dentro del espectro. Tengo un año conociendo que soy autista, por lo tanto, no tengo tantas herramientas aún. (…) Debido al costo de las terapias (…) solo puedo costear las de mi hijo; lo que yo he aprendido es gracias a las de mi hijo”, narró.
La discriminación en el ámbito educativo
Por su parte, Fernanda Lorena Rivera Herrera, maestra en psicología infantil y adolescente, así como actual cofundadora de la asociación Encaminando TEA, reiteró que el certificado de habilitación para desempeñar actividades laborales que se requiere a las personas con espectro autista es transgresor.
Aunque la ley general refiere que las personas con condición de espectro autista deben recibir educación o capacitación basada en “criterios de integración e inclusión”, reconoció que en el ámbito educativo existe discriminación, desde la no adecuación curricular e inclusive la negación de ingreso en algunas instituciones públicas y privadas. Aseguró que a uno de cada 10 menores de edad con autismo les regresan el pago de inscripción por no aceptar su ingreso a ciertas escuelas, mientras que ocho de cada 10 que asisten a clases no tienen inclusión educativa.
“Yo creo que la primera pregunta que nos deberíamos hacer sería qué necesidades está cubriendo esa ley, si es de los papás, si es de los terapeutas, si es del propio gobierno o si son las personas dentro del espectro. Si bien es cierto, como lo mencionaron estas personas que interpusieron el amparo, es el hecho de que (…) no puede hablar de algo que tú no vives y no puedas formular leyes o acciones a través de algo que no siente; sí habría que hacer algunos ajustes en cuanto a las consideraciones”, apuntó.
