Tras la presentación de las aspirantes a ministra de la SCJN, la Comisión de Justicia del Senado aprobó la idoneidad con 12 votos a favor
Las tres mujeres propuestas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comparecieron este lunes ante la Comisión de Justicia del Senado, para dar a conocer sus perfiles y exponer lo idóneo de su candidatura.
Luego de la renuncia del ministro Arturo Zaldívar a comienzos de noviembre, López Obrador propuso hace dos semanas a Bertha María Alcalde, la hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; a Lenia Batres, hermana del jefe de Gobierno de Ciudad de México, el oficialista Martí Batres, y María Estela Ríos, actual consejera jurídica de la Presidencia de México.
Tras la presentación de las tres, la Comisión de Justicia del Senado aprobó la idoneidad de las aspirantes con 12 votos a favor, cinco en contra y una abstención, y el asunto paso al Pleno.
Las tres “cumplen con los requisitos constitucionales y legales para el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, apuntó el Senado en un comunicado y agregó que “las tres candidatas son elegibles para cubrir la vacante que dejó Zaldívar”.
La polémica cae sobre las tres ya que, según los Senadores de oposición las tres son afines al presidente López Obrador.
“Deseo formar parte del máximo tribunal de justicia de nuestro país, para poder contribuir a hacer realidad los anhelos de justicia de un pueblo que aspira y exige fortalecerla”, dijo Alcalde Luján y enfatizó que de ser elegida ministra se desempeñará con respeto a la Constitución, “con independencia de criterio y robustecerá el Estado de Derecho”.
Reconoció que tiene coincidencias en los principios y valores con el actual gobierno. Sin embargo, afirmó que “su independencia y autonomía están garantizadas”.
Por su parte, Batres apuntó que actualmente el poder que mayor amenaza representa para la independencia, imparcialidad y objetividad de los poderes judiciales, no es el gobierno, ni las y los legisladores, sino el poder del mercado, “que ha llegado a subordinar a los poderes constituidos hasta convertirlos en agencias de transmisión de sus necesidades”.
Dijo que firmó que “de aprobarse su nombramiento, su actuar se guiaría por principios democráticos y de derechos humanos” asentados en la Constitución mexicana, de origen popular y republicano, porque “las constituciones y las leyes son útiles cuando resguardan los derechos de las personas, sobre todo de aquellas que han sido excluidas del ejercicio de la dignidad”.
Mientras que Ríos dijo que se comprometió “a dejar de lado cualquier pasión o interés personal que pudiera nublar mi razón. Servir a mi país desde la Corte será para mí, como mexicana, mujer y abogada, la oportunidad de contribuir a la consolidación de un Sistema Judicial que haga efectivo, para todos los habitantes de este país, sin distinción alguna, el derecho humano a vivir dignamente y con justicia”.
Además, dijo entiende que el Poder Judicial de la Federación y los poderes Legislativos y Ejecutivo “deben mantener una relación equilibrada entre sí. Ese es el sentido de la división de poderes, establecer una serie de contrapesos para que ningún poder se imponga sobre el otro”.
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