El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia penal, en la Ciudad de México, Antonio González, ordenó este lunes garantizar la salud física y mental así como las comunicaciones de Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), preso desde el viernes por su presunta participación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Señaló en su resolución judicial que la salud del exprocurador mexicano (2012-2015) debe ser cuidada en un contexto en el que todavía persiste la pandemia por la Covid-19.
El pasado viernes, la actual Fiscalía General de la República y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) arrestaron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso Ayotzinapa, así como por la fabricación de la “verdad histórica”.
El juzgador indicó que Luis Ángel Hernández, director del Reclusorio Norte, donde se encuentra Murillo Karam desde el sábado pasado, “queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica” del detenido.
“Por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio”, añadió.
González también le concedió a Murillo una “suspensión de plano para el efecto de que cesen los actos de incomunicación”, aunque eso no implica su libertad porque se mantiene una orden de prisión preventiva por alto riesgo de fuga.
Además, se ordenó permitir el acceso de familiares, abogados y autorizados.
El exprocurador enfrentó su primera audiencia ante el Poder Judicial mexicano por el caso Ayotzinapa el sábado pasado y se le concedió una segunda audiencia para el próximo miércoles a las 8:00 horas (13.00 GMT) para presentar las pruebas que lo deslinden del “crimen de Estado”, por el que desaparecieron 43 estudiantes.
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, cuando hubo matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, en la capital de México.
Según la polémica primera versión que presentó el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.
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