En las próximas horas, los abogados de Rosario Robles solicitarán formalmente a la FGR el “criterio de oportunidad” para que la extitular de Sedesol y Sedatu se convierta en testigo colaboradora
Rosario Robles Berlanga, quien fue secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el sexenio del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar como testigo en la investigación de la “Estafa Maestra”; por lo que pedirá apegarse al concepto legal de “criterio de oportunidad”.
Según fuentes allegadas a la exfuncionaria federal, su defensa enviará -en las próximas horas- al organismo constitucional autónomo el pedido formal para convertirse en testigo colaboradora en dicho escándalo de corrupción, a cambio de conseguir algún beneficio en el proceso penal que actualmente enfrenta.
Robles Berlanga permanece -hasta este momento- privada de su libertad en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de México, ya que un juez federal la vinculó a proceso penal y le impuso prisión preventiva debido a que no le notificó a Peña Nieto, su entonces superior jerárquico, sobre el uso indebido de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos en actos de acción u omisión por medio de 27 convenios de colaboración con universidades públicas.
El precepto legal de “criterio de oportunidad” es la mima figura jurídica a la que se acogió el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”, quien se encuentra en libertad -desde que fue extraditado de España- pese a las acusaciones de que presuntamente participó en los casos de corrupción de Odebrecht y Agro Nitrogenados.
La FGR imputa a Rosario Robles Berlanga el delito de ejercicio indebido del servicio público, el cual está contemplado en el artículo 214 del Código Penal Federal; la acusación incluye irregularidades en la celebración de 27 convenios de 2014 a 2017 entre las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con diferentes universidades públicas estatales.
Asimismo, el organismo constitucional autónomo sostiene que la exservidora pública no verificó dichos procesos, en los cuales las universidades subcontrataron a empresas la mayoría fantasma hasta 49 por ciento de las actividades que debían realizar; además, asegura que no existe prueba documental alguna de que las universidades hayan cumplido con las labores.
