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julio 15, 2024

Nombran a integrantes del Consejo de la DDHQ

La Legislatura del Estado aprobó, con 20 votos a favor, los perfiles para la integración del Consejo de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, por un periodo de dos y tres años, respectivamente; 6 obtuvieron el cargo honorífico

Con 20 votos a favor, las y los integrantes de la 60 Legislatura del Estado aprobaron los perfiles para la integración del Consejo de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) por un periodo de dos y tres años de manera respectiva; en total, seis personas obtuvieron el cargo honorífico.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Guillermo Vega Guerrero, precisó que, para un periodo de tres años, se designó como consejeros ciudadanos a María Fernanda Lazo Payro, Jesús Uribe Cabrera y María de Lourdes Aguilar Enríquez; mientras que, por un periodo de dos años, se nombró a Darla América Anguiano Soriano, Jesús Manuel Couoh Velasco y Liana Adela Gutiérrez Leal.

Vega Guerrero precisó que el consejo se integra por un presidente (Javier Rascado Pérez, titular de la DDHQ), un secretario técnico y seis consejeras, así como consejeros ciudadanos.

“Cada tres años deberán ser sustituidos los tres miembros del consejo de mayor antigüedad y, para tal efecto, los integrantes restantes propondrán a los sustitutos debiendo tomar en cuenta las propuestas ciudadanas comunicándolo a la Legislatura del estado para efecto de que sean considerados en el proceso de designación”, apuntó.

La lista de personas candidatas para recibir el nombramiento se envió por parte de la DDHQ al congreso local el 23 de noviembre del 2023, luego de que la convocatoria para la integración del consejo se publicó el primero de septiembre del año pasado en el periódico oficial del Poder Ejecutivo del Estado, “La Sombra de Arteaga”.

De acuerdo con la convocatoria, como requisitos para acreditar el proceso de selección como consejeros ciudadanos, los perfiles debían: tener la ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, contar con residencia en el estado, tener acreditada experiencia y conocimiento en materia de derechos humanos, tales como su defensa, su difusión o educación, no haber sido condenado por delito doloso y no desempeñar empleo o cargo público al momento de la designación.

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