Habitantes de la comunidad de Escolásticas, municipio de Pedro Escobedo, pidieron que autoridades estatales y municipales acepten la recomendación emitida por la CNDH
Este próximo 17 de abril vence el plazo para que el gobernador del estado de Querétaro acate la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso del presunto uso excesivo de la fuerza pública, represión y desaparición forzada en contra de habitantes de la comunidad de Escolásticas, municipio de Pedro Escobedo, por parte de autoridades estatales y municipales; hechos que se registraron el 13 de junio del 2023, así lo precisó Teresa Roldán Soria, integrante de Voceros de la Madre Tierra.
Este miércoles 10 de abril, habitantes de la comunidad de Escolásticas llevaron a cabo una rueda de prensa en Plaza de Armas, frente a la puerta de Palacio de Gobierno, para dar a conocer dicha recomendación, la cual, indicaron también tendría que acatar el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Alejandro Echeverría Cornejo, así como las presidencias municipales de Pedro Escobedo, El Marqués y Huimilpan.
Roldán Soria, integrante del Comité de Acompañamiento del Caso Escolásticas, precisó que la recomendación se emitió el 26 de marzo pasado por parte de la CNDH y, en este sentido, detalló que las autoridades cuentan con un plazo de 15 días hábiles para acatarla o, en su caso, dar una contestación en caso de que la rechacen.
Detalles del caso
“La recomendación nos llena de esperanza de que haya justicia y de que quienes fueron lastimados se les resarzan los daños”, dijo.
Recordó que el 13 de junio del 2023 fueron detenidas 11 personas por cometer probablemente el delito de despojo de un predio que se ubica Los Sabinos, donde se encuentran manantiales; indicó que las personas detenidas ya fueron liberadas. Manifestó que, la recomendación pide la reparación del daño a favor de los habitantes y reconoce que se cometió uso excesivo de la fuerza pública, tortura y detención arbitraria por parte de elementos de corporaciones de seguridad estatales y municipales.
“En esta resolución se hizo un estudio muy amplio a la comunidad de Escolásticas. Se pudo identificar que la población tiene genuino derecho a defender su agua, ya que a ellos les pertenecen estos manantiales y que les brindan seguridad alimenticia”, afirmó.
