No hay interés de la clase política por tener una ley de protección a periodistas en Querétaro, refirió Andrés Solís Álvarez, autor del “Manual de autoprotección para periodistas”
No hay interés de la clase política por tener una ley de protección a periodistas en Querétaro, refirió Andrés Solís Álvarez, autor del “Manual de autoprotección para periodistas”, quien también subrayó que la 60 Legislatura debería retomar los proyectos de iniciativa que fueron presentados en su momento por el PRI y el PAN, uno de ellos, enriquecido y consultado por el gremio.
“Lo que vemos es que si hay violencia contra periodistas, no hay interés de la clase política por tener una ley en la materia; esto lo único que está haciendo es elevar las vulnerabilidades de las y los periodistas de Querétaro”, apuntó.
El periodista recordó que en 2012 la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local presentó un proyecto de iniciativa de ley de protección a periodistas que fue perfeccionada por quienes ejercen la profesión; sin embargo, no se aprobó.
De manera posterior, señaló que la pasada administración estatal también presentó una iniciativa en la materia, “sin revisarla ni consultarla” con el gremio, la cual tampoco se aprobó.
“No accedió a que otros periodistas le hiciéramos comentarios, yo tuve algunos acercamientos con diputados del PAN (…) sobre cómo podríamos mejorar el proyecto de iniciativa del gobernador y que se enriqueciera con la propuesta que ya existía en el Congreso, pero no quisieron y, por eso, Querétaro sigue sin tener una ley”, agregó.
El 15 de febrero, la presidenta de la Mesa Directiva de la 60 Legislatura, Beatriz Marmolejo, aseguró que tiene la disposición de convocar a los diputados a que formalicen sus propuestas que han externado en medios de comunicación su interés por presentar una iniciativa en la materia.
Y el 24 de febrero, en sesión de pleno, exhortó a sus compañeros legisladores a presentar propuestas específicas sobre la protección a defensores de derechos humanos y periodistas para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada del caso Digna Ochoa.
