A fuerza de escuchar todos los días el discurso del presidente López Obrador en sus mañaneras, parece que ya no reparamos en la gravedad de sus declaraciones; incluso hasta por “chistoretes” podrían pasar, de no ser por las graves implicaciones de estas…. Un claro ejemplo de ello es cuando se refiere al debido proceso, como el “debido pretexto”.
El debido proceso está consagrado fundamentalmente en los artículos 14 de la Constitución General y el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales con la finalidad de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos”. (Tesis:1a./J. 29/2023 (11a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Undécima Época, Tomo II, marzo de 2023, p. 1857. Reg. digital: 2026079)
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refiere que el debido proceso es “el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída por la autoridad competente, con las debidas formalidades y dentro de un plazo razonable, previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones”.
Y explica que este debe contemplar formalidades que garanticen una defensa adecuada: el aviso de inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer las pruebas y alegar en su defensa, una resolución que resuelva las cuestiones debatidas, y la posibilidad de impugnar la resolución mediante los recursos procedentes.
Así que cuando el presidente de la República considera que el garantizar que toda persona sea tratada justamente en un proceso judicial o administrativo es un mero “pretexto” -el término según la Real Academia de la Lengua (RAE) significa “Motivo o causa simulada o aparente que se alega para hacer algo o para excusarse de no haberlo ejecutado”- debería ser motivo de verdadera alarma, porque implica que el Ejecutivo federal piensa que puede pisotear los derechos fundamentales de las personas cuando él así lo desee.
Ahí está lo que dijo sobre el porqué dio a conocer el expediente relacionado con la investigación en los Estados Unidos sobre el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, una vez que fue trasladado a nuestro país por las presiones que él mismo ejerció y bajo el argumento de que aquí sería investigado; lo que -por supuesto- no sucedió:
“Tomé la decisión de dar a conocer el expediente completo, y eso me llevó a otro pleito con los abogados, que son muy ortodoxos y que siempre hablan que por el debido proceso, ¿cómo es que le llaman a eso? El debido pretexto.‘No puedes dar a conocer los nombres, entonces tienes que testar, tienes que tachar nombres’. Imagínense, subo un expediente como ese, testado, borrado los nombres, es peor. Entonces, fue una lucha interna de los abogados”.
Y no, esto no se justifica aunque él asegure que lo hace para “combatir la corrupción”, porque, como autoridad, de ninguna manera puede incurrir en ilegalidades para enfrentar el delito… peor aún cuando ni siquiera tiene facultades para procurar o impartir justicia.
El mismo argumento repitió ahora, a propósito de la pensión de María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a quien acusa de haber recibido ilegalmente de Pemex, durante 20 años, una pension de 120 mil pesos mensuales porque su cónyuge se quitó la vida y no falleció por un accidente.
“Ah, el debido proceso, el debido pretexto. Hicieron una especie de gobierno para ellos, y pues eso es lo que no les parece, pero tiene que seguir la transformación y va a continuar, yo tengo mucha confianza en que la gente va a querer que se siga limpiando de corrupción la vida pública”, dijo.
Así las cosas, resulta imprescindible citar lo que el investigador Miguel Carbonell escribe sobre el tema:
“Parecería que la única forma de bajar los altos índices de incidencia delictiva tendría como uno de sus principales requisitos que se hicieran a un lado las exigencias del debido proceso. Pero es justamente al contrario; cuantas más violaciones a la ley existen en una sociedad, tanta más relevancia cobra el respeto escrupuloso de las exigencias derivadas del debido proceso. Y esto es así, ya que es justamente en esos contextos en los que surgen las mayores tentaciones para que el Estado responda a las acciones delictivas, convirtiéndose él mismo en un aparato delincuencial”. (Sobre el Debido Proceso. Revista Mexicana de Justicia. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 3-4. DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iij.24487929e.2019.33.13833).
¿En verdad no nos interesan las declaraciones del presidente… o peor aún, las justificamos y apoyamos?
