La declaración el pasado dos de agosto del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, a propósito de la polémica por la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, fue desafortunada y constituyó un error garrafal, al igual que lo dicho por el conductor Javier Alatorre.
“El llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto, ya sea o que los destruyan en su totalidad o que las hojas, las partes que no coincidan en la educación de sus hijos, simplemente sean retiradas de estos libros”, dijo el primero; en tanto, el segundo aseveró: “El virus comunista, su resurgimiento, está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados”.
Porque le dio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus siervos el argumento perfecto para evadir el verdadero problema en torno a la publicación de estos nuevos libros de texto: el incumplimiento del procedimiento jurídico para su elaboración.
¿Y en qué consistió este incumplimiento? Recurramos, por ejemplo, a la demanda de amparo del Gobierno de Coahuila, con la cual obtuvo una suspensión definitiva de la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara para que, “antes de continuar con la edición, impresión y entrega de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, verifiquen que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los programas y planes de estudio, y para la publicitación de los libros de texto gratuitos, que garanticen la intervención de los gobiernos estatales y de los especialistas en la materia educativa; así como de la puesta a disposición de aquellos libros en términos de lo previsto en la ley”.
Los actos reclamados por ese estado fueron: el haber ordenado y autorizado la impresión de los libros para el ciclo escolar 2023-2024 de educación básica, “sin adecuarse a los planes y programas de estudio vigentes, ni seguir el procedimiento previsto para su emisión”; así como “la omisión o dilación en cumplir el acuerdo secretarial que establece los Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de los libros de texto gratuitos del nivel secundaria, publicado en el DOF el 12 de marzo de 2021”.
También el haber ordenado y autorizado la capacitación al personal docente a través de los Consejos Técnicos Escolares “sin que dicha capacitación se adecue o apegue al Plan y programas vigentes” y el haber omitio publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Lista de Libros de Texto Gratuito actualizados para estudio y uso de la Secretaría de Educación Pública.
En lugar de responder a todo esto, el discurso del presidente se ha centrado -entre chunga, cha cha chá, reminiscencias de protestas surgidas cuando se entregaron por primera vez los libros de texto, disertaciones sobre el conservadurismo y descalificaciones- en lo esgrimido por el dirigente panista y el conductor.
Y no se diga el de quien tuvo bajo su responsabilidad la elaboración de los nuevos textos: Marx Arriaga, el director de Materiales Educativos de la SEP, quien, cual Niño Héroe se ha enrollado en la Bandera Nacional para ofrecer incluso -en redes sociales- su vida por la Patria… ¡Snif, snif!: “El tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas, amenazaron con 9 años de prisión. Por la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años; doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado… ¡Me encontrarán trabajando!”.
Así, ¡Pum!, de pronto, los libros de texto gratuito pasaron a formar parte del Índice de libros prohibidos de la Inquisición; al igual que obras de Galileo, Copérnico, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, Thomas Hobbes, René Descartes, etc.
Y lo cierto es, sin embargo, que estamos fundamentalmente ante un caso más de violación al Estado de Derecho, porque los programas de estudio no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación; y, de hecho, fueron clasificados como información reservada y confidencial y no se permitió la participación de los sectores sociales involucrados como ordena el marco legal. Y cuando, lógicamente, un juez lo determina así, es lanzado a la hoguera en la mañanera y en las redes, para que arda entre las brasas, al igual que los libros quemados en la comunidad tzotzil en Chiapas…
El llamado al gobierno federal debió ser, pues, a respetar el Estado de Derecho por encima del “no me vengan con que la ley es ley”… no a incitar a destruir textos o formas de pensar, porque eso solo lleva a caminar en arenas movedizas, en donde todos podemos quedar atrapados.
