En la mañanera del 16 de octubre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se mostró muy indignado que digamos con nuestros vecinos del norte, por la detención el día anterior del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos; de hecho, más bien dio la impresión de que “le vino como anillo al dedo”:
“Estamos ante una situación inédita, porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Yo siempre dije que no era solo una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás”, declaró.
Incluso habló de una limpia: “Quiero decir que, como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. No vamos nosotros a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo”, y acotó: “Así actuamos en el caso de García Luna y así vamos a actuar en este caso”.
Y puntualizó que el caso no debilitaría a las Fuerzas Armadas: “Son tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables, como es el involucramiento de un secretario de la Defensa en casos de narcotráfico, las debilitan”.
Sin embargo, algo sucedió (¿el propio Ejército lo puso contra la pared?) porque de pronto ya estaba indignado y disgustado; y entonces sí, el 28 de octubre, el Gobierno de México envió una nota diplomática a la embajada de los Estados Unidos en nuestro país, para manifestar su profundo extrañamiento por la falta de información sobre esta investigación y la aprehensión del general.
Lo que vino posteriormente fue evidenciado claramente en la solicitud presentada ante el tribunal en Nueva York: “Estados Unidos ha determinado que consideraciones delicadas e importantes de política exterior superan el interés del gobierno en proceder con la fiscalización del acusado bajo la totalidad de las circunstancias; y, por lo tanto, se requiere desestimar el caso…”.
Confirmado por la jueza federal Carol Amon: “Esta decisión fue tomada a los niveles más altos del gobierno (…) proceder con el caso es contrario a los intereses de Estados Unidos en sus relaciones exteriores y en particular en su relación con México…”, y ratificado por el propio López Obrador: “Esto va más allá de lo legal…”.
Y no, no estamos, pues, ante un asunto menor; estamos hablando de que el mismísimo fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, solicitó a la jueza que desestimara los cargos penales contra el exsecretario Cienfuegos, para que “pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”… y -ojo- hay que subrayar el tipo de acusaciones de que se trata: conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos, así como lavado de dinero.
¿Moraleja? En política todo es negociable; todo se vale; se puede pisotear las instituciones, los sistemas de justicia y el estado de derecho; particularmente cuando quienes gobiernan están cortados con la misma tijera… y porque como ha sostenido una y otra vez López Obrador: “¡amor con amor se paga!”.
