Aseguran que la violencia vicaria va acompañada de violencia institucional, pues quien la ejerce hace uso del poder Judicial para perjudicar a las víctimas
En 2020, la mexicana Catherine A.S, integrante de la organización Madres contra la Violencia Vicaria Querétaro, tuvo que huir de Alemania, junto con sus dos hijas, por la violencia que estaban viviendo por parte de quien era su esposo, un hombre originario de ese país. Todo comenzó en 2017, cuando se percató de que las dos menores tenían indicios de sufrir abuso sexual por parte de su progenitor.
«Empecé con esta historia de terror, en esta tortura, y me adentré de la forma más ingenua. Ese año empiezo a notar cambios en la conducta de mis hijas, y me doy cuenta de que existe una violencia directa hacia ellas», mencionó.
Cuando buscó el apoyo de las autoridades alemanas y enfrentó al papá de sus hijas, comenzaron las amenazas y una serie de agresiones que después Catherine identificó como violencia vicaria, la cual se ejerce sobre los hijos en perjuicio de las madres.
«Viene esta amenaza y me dice: ‘Cuidado, porque yo te las puedo quitar’. Y empieza todo el calvario de la violencia vicaria y una guerra de poder y dominación del hombre hacia mí».
Catherine relata que, tras enfrentar negligencias por parte de las autoridades alemanas, en 2020 buscó refugio en México.
«Pero ese mismo año, las autoridades mexicanas minimizaron los abusos y concedieron la restitución internacional de mis hijas al progenitor en Alemania, forzando a que mantengan una relación con su agresor”, explicó.
Desde entonces, ella enfrenta un juicio de apelación en el Juzgado Familiar en contra de la restitución internacional de sus hijas. Junto con este proceso legal ha iniciado una lucha para hacer visible la violencia vicaria y formar una red de acompañamiento de madres queretanas que han vivido situaciones similares.
Catherine explicó que la violencia vicaria va acompañada de violencia institucional, pues quien la ejerce hace uso del poder Judicial para perjudicar a las víctimas. Dijo que a nivel local, las madres que han sido separadas de sus hijos han identificado violencia institucional por parte del sistema judicial, especialmente del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam).
«Amenaza con usar el poder Judicial contra las madres: ‘Te quieres divorciar, voy a ir con el juez, te voy a pedir la custodia compartida’. Esta es la primera fase y la mujer debe activar sus mecanismos para reconocer que es violencia vicaria. Ellos contratan abogados sin escrúpulos, que empiezan a hacer denuncias falsas y los jueces creen su palabra como una ley, o sea, el dicho de un hombre es ley para las autoridades».
Añadió que las mexicanas que se encuentran viviendo en algún país extranjero están en una mayor vulnerabilidad.
Señaló que otra forma de ejercer violencia institucional es mediante el convenio de La Haya, que tiene como objeto asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en otros países.
No obstante, Catherine detalló que en estas restituciones los jueces no toman en cuenta quién tiene la custodia ni que en el lugar habitual del menor se ejerce violencia.
Añadió que a nivel local han identificado una urgencia de que la violencia vicaria sea tipificada como violencia de género; sin embargo, subrayó que estas reformas a la ley no deben hacerse solo al Código penal, sino también al Código civil de la entidad.
«La ley vicaria va lento, muy lento, hasta ahora que sucedió lo del pasado septiembre, cuando el ministro de la Suprema Corte realizó el foro sobre violencia, como que les hizo ‘click’».
Sin embargo, apuntó que no deben hacerse iniciativas «al vapor», ya que han identificado que en otros estados en donde se ha implementado esta ley no se logran los impactos necesarios en el Código civil ni en el penal. Como ejemplo de ello puso la ley vicaria aprobada en mayo de este año en Hidalgo, la que, señaló, no es funcional porque no se han logrado sentencias condenatorias.
A nivel local hay dos iniciativas en la 60 Legislatura de Querétaro que tipifican la violencia en la entidad: la primera fue ingresada por la diputada de Morena Yasmín Albellán Hernández, en mayo, y la segunda, por el diputado del PRI Paul Ospital Carrera, en agosto de este año.
En ese sentido, el diputado Ospital Carrera lamentó que hasta el momento ninguna de las dos propuestas legislativas haya sido discutida en las comisiones del Congreso local.
Señaló que aunque la iniciativa se trabajó con mujeres de la sociedad civil, puede ser perfectible. Detalló que su iniciativa propone reformar el “Código penal del estado de Querétaro” y la “Ley de acceso a la mujeres a una vida libre de violencia”.
Asimismo lamentó que pese a haber un retraso legislativo, la titular del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM), Marisol Kuri Lorenzo, esté preparando una nueva iniciativa en contra de la violencia vicaria, la cual se presentaría, supuestamente, hasta el 8 de marzo de 2023. Para el diputado priista, esto demostraría un aplazamiento para legislar en la materia.
Al respecto, Kuri Lorenzo negó estos señalamientos y aseguró que urge legislar en contra de la violencia vicaria y que en lo que va del año, en el IQM han dado atención a cuatro mujeres víctimas de esta violencia, pero reconoció que hay una cifra mayor documentada por las activistas.
«Nosotros hemos venido trabajando en la iniciativa con diferentes activistas. No dimos una fecha para presentarla. Creo que se malinterpretó alguna declaración que pudiera haber dado al respecto».
