El Senado de la República retiró del orden el día la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Foto: Especial
Ante la presión ejercida por la oposición, medios de comunicación, organizaciones civiles y organismos internacionales, el Senado de la República detuvo la aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Originalmente, la iniciativa enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, iba a discutirse y votarse en la sesión de pleno de este lunes 28 de abril; sin embargo, el documento fue retirado del orden del día.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, informó que la cámara alta del Congreso de la Unión iniciará un diálogo y debate “abierto, plural y constructivo con todos los sectores económicos, sociales, académicos y técnicos involucrados e interesados”.
A partir del próximo lunes 5 de mayo, las comisiones dictaminadoras retomarán la discusión de la propuesta legislativa.
“En esta etapa se privilegiará la escucha, el respeto y la construcción de consensos que responden a las legítimas preocupaciones de la ciudadanía, así como a los desafíos tecnológicos y económicos del país”, explicó en un comunicado.
El líder de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que esta apertura al diálogo responde al llamado de la mandataria mexicana, y representa “un acto de responsabilidad democrática y un compromiso firme con la defensa de los intereses nacionales, la soberanía tecnológica y la transformación profunda del sector de telecomunicaciones”.
La iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión tuvo su origen en la exigencia de la presidenta para prohibir que gobiernos extranjeros contraten propaganda en radio, televisión, redes sociales y plataformas digitales.
Lo anterior, a raíz de los comerciales con mensajes antiinmigrantes que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos contrató con Televisa para transmitirlos durante los partidos del futbol mexicano.
Sin embargo, la propuesta presidencial contiene elementos consignados como preocupantes por organizaciones y activistas: la creación de un organismo único para regular el sector de telecomunicaciones y el riesgo de bloqueo de plataformas digitales en México.
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