El Consejo General del INE revisará aquellas candidaturas sospechosas de haber cometido violencia política de género, sean deudores alimentarios o estén prófugos de la justicia
El Consejo General del INE avaló poner en marcha un mecanismo para investigar a las candidaturas “sospechosas” que compiten en la elección judicial, y en su caso quitar el registro a aquellos que, por sentencia firme, hayan cometido algún delito de violencia de género, conocida como la 8 de 8; sean deudores alimentarios o estén prófugos de la justicia.
Este acuerdo, que fue aprobado con ocho votos a favor y tres en contra, incluido el rechazó de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, plantea los mecanismo para verificar los requisitos de elegibilidad de las candidaturas judiciales y en su caso determinar la cancelación del registro de aquellos aspirantes que, por sentencia firme, hayan cometido algún delito de violencia de género, conocida como la 8 de 8.
En este sentido, la Constitución marca que se suspenden los derechos electorales por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; contra el normal desarrollo psicosexual.
También, por haber sido declarado culpable de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, y violencia política contra las mujeres por razón de género.
Asimismo, se va a revisar que las candidaturas no se encuentren en el supuesto de ser declarada persona deudora alimentaria y no estén prófugos de la justicia.
No obstante, debido a que el INE no cuenta con el tiempo ni los recursos económicos para revisar a las más de 3 mil 442 candidaturas que compiten por un cargo de juez, magistrado o ministro federal, dicha revisión se hará a partir de la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, quienes deberán denunciar los casos sospechosos y así este instituto electoral lleve a cabo una investigación.
8 de 8
Para ello, el INE habilitará este viernes 25 de abril, en su micrositio sobre la elección judicial, un espacio en donde la ciudadanía podrá hacer sus denuncias.
Durante la discusión, la consejera presidenta Guadalupe Taddei, mostró su rechazo a este acuerdo al señalar que la revisión de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas judiciales fue tarea de los comités de evaluación.
Además, argumentó que realizar una nueva revisión atenta contra la validez de los listados del Senado y vulnerar el principio de presunción de inocencia.
“Bienvenidas todas las denuncias de estos casos. Les daremos curso remitiéndolas ante las autoridades competentes… pero solicitar nuevamente (información)… atentas al diseño de la reforma constitucional en materia de elección de personas juzgadoras”, aseguró.
Por su parte, la consejera Dania Ravel, destacó como lamentable que a pesar de la importancia de esta revisión, los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión no establecieron un mecanismo de verificación efectivo respecto a estos supuestos de inelegibilidad y en su lugar se limitaron a solicitar declaraciones bajo protesta de decir verdad sin prever una medida para corroborar la veracidad de dichas informaciones.
En tanto, la consejera Carla Humphrey, recalcó que no se debe perder de vista que en esta elección serán electas personas que integrarán el Poder Judicial cuya principal función será la de impartir justicia, de ahí que resulte apremiante para esta autoridad verificar su elegibilidad.
