El ISSSTE publicó un acuerdo para garantizar los procedimientos médicos de aborto. Foto: Especial
A partir de este viernes 24 de enero, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garantizará el acceso a los procedimientos de aborto voluntario en todo el país.
Lo anterior, luego de que el director general de la institución, Martí Bates Guadarrama, publicara un acuerdo la respectó en el Diario Oficial de la Federación, el cual entrará en vigor este día.
El funcionario federal destacó que, por primera vez en la historia, todas las unidades médicas del ISSSTE garantizarán el acceso de las mujeres y personas gestantes a los procedimientos clínicos de interrupción legal del embarazo “con el máximo cuidado del bienestar físico, psicológico y social de la persona”.
“El ISSSTE está a favor de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en sus servicios de salud y por la progresividad de los derechos”, resaltó.
De esta manera, las mujeres y personas gestantes que soliciten el aborto voluntario, deberán recibir orientación preventiva, de control y seguimiento de la interrupción legal del embarazo, así como información clara sobre valoración médica y el procedimiento sugerido.
Posteriormente, las personas derechohabientes tendrán que firmar un consentimiento por escrito.
“Para quienes hayan sido víctimas de delito, el procedimiento se realizará en todo momento bajo el principio de no revictimización, por lo que el personal médico involucrado deberá estar capacitado en la materia y en diversos temas que la Dirección Médica del ISSSTE considere necesarios para brindar la atención de manera adecuada”, explicó la dependencia federal en un comunicado.
Con la finalidad de garantizar la prestación de los procedimientos de aborto, las unidades médicas del ISSSTE deberán contar suficiente personal de salud no objetor de conciencia.
En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto. Posteriormente, en septiembre de 2023, el mismo Alto Tribunal ordenó la eliminación de este delito del Código Penal Federal.
Sin embargo, algunas entidades federativas, como Querétaro y Guanajuato, siguen tipificando dicho ilícito en sus código penales estatales.
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