Ante demanda de campesinos de Tlaxcala, quienes reclaman el pago de sus tierras que fueron ocupadas para la construcción de vías de comunicación, el presidente López Obrador les pidió no dejarse manipular por abogados; dijo que los pagos deben basarse en avalúos
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la demanda de los campesinos de Tlaxcala, quienes reclaman al gobierno federal el pago por sus tierras que fueron ocupadas para la construcción de vías de comunicación, ha sido aprovechada por abogados que buscan lucrar con la situación, y pidió a los afectados no dejarse manipular por estos representantes legales.
López Obrador explicó que su administración ha atendido la demanda histórica de los campesinos, quienes llevan años reclamando una compensación justa por los daños ocasionados en gobiernos anteriores. Sin embargo, destacó que los pagos deben basarse en avalúos realizados por una instancia del gobierno federal, lo que ha generado descontento entre los abogados que representan a los campesinos, quienes exigen montos mayores.
“Y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar porque entonces sería lo mismo de antes ¿no? Estamos dispuestos a pagar de acuerdo al avalúo… entonces se está buscando pues un arreglo legal y decirle a los campesinos, pues que ayuden y que no se dejen manipular, porque sí se afecta a mucha gente que no pueden transitar (debido a los bloqueos), aun cuando se están desviando los vehículos por vías alternas y ojalá y ellos este entiendan esta situación”, comentó López Obrador en su conferencia mañanera.
“Ojalá y acepten las condiciones que son justas y que estén tranquilos; no se les va a reprimir porque nosotros no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes”, afirmó el presidente.
El miércoles 7 de agosto, las manifestaciones se intensificaron, afectando tramos de la carretera federal Apizaco–Huamantla, el Arco Norte, la vía Tlaxco–Tejocotal, y la autopista Tlaxcala–Puebla, a la altura de la caseta de Zacatelco. Los bloqueos provocaron extensas filas de vehículos.
El conflicto radica en la falta de acuerdos entre los ejidatarios y el gobierno federal sobre el pago justo por las tierras expropiadas hace aproximadamente ocho años. A pesar de contar con sentencias judiciales a su favor, los ejidatarios rechazan las ofertas de liquidación económica basadas en avalúos catastrales que consideran injustamente reducidos.
Cabe señalar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ofreció montos entre 350 y mil 075 pesos por metro cuadrado, pero posteriormente se disminuyó la oferta a entre 250 y 600 pesos, lo que ha exacerbado las tensiones.
