López Obrador blindó el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Foto: Agencia EFE
Mediante un decreto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró a los proyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como de seguridad nacional y de interés público.
Horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anulara el acuerdo que reservaba toda la información de las obras estratégicas del Gobierno de México, el mandatario mexicano publicó el nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación.
“Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como el Corredor Interoceánico el Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, y de Tulum, Quintana Roo; en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto”, señala el documento.
Lo anterior, entró en vigor a partir de este jueves 18 de mayo.
El decreto fue firmado por López Obrador, el secretario de Gobernación, Adan Augusto López Hernández; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Más temprano, la SCJN declaró inconstitucional -por mayoría de ocho votos contra tres- el acuerdo que reservaba toda la información relacionada con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; así como los aeropuertos de Palenque y Tulum.
El pleno del Alto Tribunal determinó que este acuerdo es inconstitucional por “transgredir el derecho de acceso a la información, así como las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para su salvaguarda”.
Las ministras Yasmin Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Alf (propuestas por López Obrador); así como el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, expresidente de la SCJN; fueron los únicos que respaldaron el acuerdo anulado.
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