Rosendo Gómez Piedra fue nombrado nuevo fiscal encargado del caso Ayotzinapa, luego de la renuncia en el cargo el pasado 26 de septiembre de Omar Gómez Trejo
Rosendo Gómez Piedra, un abogado tabasqueño, fue nombrado este miércoles como nuevo fiscal encargado del caso Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron en el estado de Guerrero -sur de México- en 2014, luego de la renuncia en el cargo el pasado 26 de septiembre de Omar Gómez Trejo.
El nuevo fiscal, originario de Tabasco, es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal con licenciatura en Derecho y Maestría en Derecho Penal.
Fue consejero y presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT); así como magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, y ha ejercido como catedrático en materia de derecho.
También se desempeñó como subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y como magistrado presidente y supernumerario del Tribunal Superior de Justicia.
En 2018 fue designado nuevo secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, por lo que es cercano al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Desde enero pasado era director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Gómez Piedra llega apenas unos días después de que Omar Gómez Trejo dejara el cargo “por diferencias”, según señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 27 de septiembre en su tradicional conferencia de prensa matutina.
Gómez Trejo presentó su renuncia como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de presuntas inconformidades en el manejo de la investigación al interior de la dependencia.
El fiscal presentó su dimisión después de que personal de la FGR cancelara sin consultar al funcionario 21 órdenes de detención -16 de las cuales corresponden a miembros del Ejército- porque no aparecían en el informe del caso.
Gómez Trejo, que había sido designado en junio de 2019 como fiscal para el caso y había logrado ganarse la confianza de las familias de los estudiantes desaparecidos, había tenido choques con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
Un día después de la presentación del informe el 18 de agosto pasado en el que se reconocía, entre otras cosas, que el caso fue un «crimen de Estado», la FGR anunció que se habían emitido 83 órdenes de detención contra militares, policías, miembros de grupos criminales y otros funcionarios.
El fiscal había sustentado el cargo de secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que conoce muy bien el caso y cuenta con la confianza de las familias y las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.
Tras el nombramiento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) manifestó en su cuenta de Twitter que esta fue una decisión no comunicada ni explica antes a la familia y criticó que la designación sería «un enorme retroceso» al no contar el fiscal con experiencia en la investigación independiente de violaciones graves a derechos humanos.
Además, puntualizó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la asistencia técnica fueron apartados de la decisión.
