La oaxaqueña María Elena Ríos fue retirada por elementos de seguridad de la función vespertina de la Guelaguetza, en su primer Lunes del Cerro, luego de que mostrara desde las gradas una manta con la leyenda “Oaxaca Feminicida”, en protesta por las 78 mujeres que han sido asesinados en la entidad durante 2022.
En compañía de su hermana, la activista acudió a la función y juntas desplegaron una manta para protestar por “todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidios y sobrevivientes, que día a día luchan por encontrar justicia”, escribió en su cuenta de Twitter. En seguida, elementos de seguridad se aproximaron a las gradas para arrebatarle el material, retirarla del lugar y prohibirle el acceso.
En sus redes sociales, la saxofonista denunció que tras la protesta, fue reprimida a golpes por la policía estatal y elementos de seguridad privada del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.
En el video compartido por Ríos también se puede escuchar a algunas personas gritar “que la bajen, que la bajen”. Y en un clip subsecuente, se escucha a la artista decir “¿Qué harías tú si te mataran a tu hija con ácido?”.
Además, también fue grabada una discusión entre Elena y un policía. Material en el que ella asegura que “el gobernador (Alejandro Murat), no quiere que el estado y los extranjeros sepan que él también es cómplice de mi agresor”.
María Elena Ríos lleva casi tres años buscando justicia. A los 26 años sufrió un intento de feminicidio al ser atacada con ácido, hecho por el que permaneció más de tres meses hospitalizada debido a la gravedad de las quemaduras producidas por el químico que dañó parte de su cuello, mejillas, boca, piernas y brazos.
Hoy, mantiene una lucha para exigir que las autoridades oaxaqueñas capturen y procesen a los autores materiales e intelectuales de la agresión, que tuvo lugar en septiembre de 2019. Busca que se cumpla la captura de Juan Antonio Vera Hernández, expareja, empresario y exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Oaxaca, sobre quien pesa una orden de localización por el delito de tentativa de feminicidio y por quien se ofrece una recompensa por un millón de pesos.
A más de 700 días de incertidumbre de su caso, la joven ha hecho un llamado a las autoridades federales para poder sentirse segura, ya que ha expresado en múltiples ocasiones temer por su integridad, pues su agresor sigue libre.
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