El gobierno federal y los sectores obrero y empresarial acordaron seguir negociando la reforma de subcontratación hasta febrero. En tanto, las empresas acatarán lo que propone la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y evitarán despidos masivos en diciembre.
La propuesta del Ejecutivo federal también prohíbe el insourcing, o subcontratación laboral interna. Y establece que las personas deben estar contratadas directamente por las compañías si no están realizando obras o servicios especializados.
En el documento, solicitan a la Cámara de Diputados pausar la discusión del proyecto presentado por el gobierno en noviembre hasta el próximo periodo de sesiones, en febrero. En San Lázaro han estado a espera de lo que surja de esos encuentros, pero se analizaba realizar un periodo extraordinario, según ha señalado la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas.
El acuerdo tripartita, dado a conocer por el gobierno de México, consta de cuatro puntos. En uno de ellos llaman a las empresas que manejan nóminas a que, de inmediato, “dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja masivamente en diciembre”. Esta práctica la utilizan para evitar el pago del aguinaldo.
Se advierte que “de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos se procederá de inmediato administrativa o penalmente”. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “harán un exhorto formal” en los próximos días en esta materia.
En el pacto quedó asentado que las tres partes se comprometen a “resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal”. Con o sin reforma aprobada, “las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal”.
Uno de los puntos que no se han logrado destrabar en varios encuentros entre el gobierno federal y el sector empresarial es el de las utilidades. El tema “no ha quedado suficientemente definido, ni socialmente debatido”, indican. Por esa razón se “necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores”.
Para definir entonces “un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago” iniciarán un proceso de consulta, informan. Lo que implica que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene que hacer una nueva convocatoria para elegir a los representantes patronales y obreros en una nueva comisión para revisar el tema.
“Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso”. Pero llegado febrero, la discusión parlamentaria de la iniciativa será “preferente”, para que en un plazo no mayor a 30 días, a partir de entonces, quede aprobada, se advierte en el documento.
Con información de El Economista
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