Tras la elección del domingo, diputados locales plantearon que se debe retomar la discusión sobre la reforma judicial en Querétaro
Tras la elección federal de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación celebrada el pasado 1 de junio, diputados locales plantearon que se debe retomar la discusión sobre la reforma judicial en Querétaro.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso local, Homero Barrera Mcdonald, anunció que solicitará nuevamente a las comisiones unidas que aprueben la reforma al Poder Judicial del estado. Aseguró que el proceso federal, al que muchos auguraban un fracaso, tuvo resultados suficientes para avanzar en el ámbito estatal.
“Así como en el país, en Querétaro necesitamos justicia pronta, expedita y gratuita”, subrayó Barrera, quien pidió a sus compañeros legisladores mostrar la misma convicción democrática que mostraron los ciudadanos el día de la votación.
En rueda de prensa, el diputado Ulises Gómez de la Rosa calificó como positiva la participación ciudadana en una “elección inédita” que, según dijo, marca precedentes en el continente. A su vez, el legislador Sinuhé Piedragil Ortiz aseguró que fue una jornada sin partidos ni políticos, en la que se eligió a juzgadores por voto popular.
Piedragil señaló que se votó por 35 cargos a través de seis boletas y, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), la participación alcanzó el 13 por ciento a nivel nacional, con aproximadamente 13 millones de votos.
Piden no retrasar la reforma judicial
En un comunicado conjunto, los diputados destacaron que en Querétaro, la participación estimada es del 11 por ciento, aunque podría aumentar, ya que hasta el momento solo se ha computado el 50 por ciento de las boletas. Y que, según proyecciones, podría superar la media nacional, con aproximadamente 230 mil votantes.
Finalmente, el diputado federal Luis Humberto Fernández, invitado al encuentro, destacó que fue una elección austera y ejemplar. Consideró que los resultados no deben usarse como pretexto para retrasar la reforma judicial, que está mandatada por la Constitución.
