Buscan protección jurídica para maestros y trabajadores de la educación

La diputada Claudia Díaz Gayou presentó una iniciativa de ley que busca establecer un marco de protección jurídica, respeto institucional y garantías procesales para quienes dedican su vida a formar generaciones

En el marco del Día del Maestro, la diputada del PT Claudia Díaz Gayou en compañía de un grupo de educadores de Querétaro y San Juan del Río presentaron una iniciativa de ley que busca establecer un marco de protección jurídica, respeto institucional y garantías procesales para quienes dedican su vida a formar generaciones.

“Buscamos que nunca más una maestra o un maestro sea sancionado sin pruebas, señalado sin defensa o abandonado por las instituciones. Presentamos esta iniciativa como un homenaje activo, como un paso firme hacia una cultura de respeto y justicia educativa. No podemos exigir excelencia sin ofrecer protección. No podemos hablar de calidad educativa sin garantizar condiciones de seguridad y respeto para quienes enseñan”, dijo la legisladora.

La iniciativa propone reformar el Código Penal, la Ley de Educación y la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para establecer un marco legal de protección integral frente a denuncias falsas, garantizar el debido proceso administrativo y reconocer el contexto sensible en el que el personal docente desempeña su función.

La reforma incorpora en el Código Penal del Estado un nuevo tipo penal para sancionar la denuncia falsa contra profesionistas en ejercicio de funciones públicas, incluyendo al personal docente, con el objeto de disuadir el uso doloso del aparato institucional y proteger la dignidad profesional de los docentes.

Propone la adición a la Ley de Educación de un capítulo específico sobre derechos del personal docente, incluyendo el principio de presunción de inocencia, el respeto al debido proceso administrativo y medidas de protección laboral frente a actos de violencia, hostigamiento o señalamientos públicos no acreditados.

En la Ley de los Trabajadores del Estado modifica los procedimientos disciplinarios para garantizar que ningún docente pueda ser separado del cargo o sujeto a medidas cautelares sin la existencia de elementos objetivos e incorpora mecanismos de reparación institucional cuando se declare la inexistencia de responsabilidad del trabajador.

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