Autoridades estatales y federales se reunieron para analizar el caso de Esmeralda. Foto: Especial
Tras una reunión entre la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora; y el fiscal general del estado de Querétaro, Víctor Antonio De Jesús Hernández; fue acordada la construcción de “una ruta ágil” para solucionar el caso de la menor Esmeralda.
“Me reuní con el titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y acordamos construir un ruta ágil con el objetivo principal de salvaguardar los derechos y la integridad de la niña”, publicó la funcionaria federal en su cuenta de X.
La menor originaria del municipio de Humillan enfrenta un proceso penal por el presunto delito de homicidio calificado, pues -según la versión de la Fiscalía General- dio a luz y posteriormente habría presuntamente asfixiado al bebé.
Sin embargo, la organización ADAX Digitales ha sostenido que la menor de edad sufrió un aborto espontáneo; además, ha asegurado que ella fue víctima de violación.
Ante la trascedencia del caso de Esmeralda, la secretaría de las Mujeres se comunicó también con el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, “quien me ha manifestado su disposición y apoyo para acompañar el caso”.
Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Querétaro dio a conocer que acordó con la dependencia federal “la formalización de un acuerdo” para proteger los derechos de adolescentes que enfrentan algún proceso penal.
Detalló que dicha reunión “tuvo como finalidad generar una propuesta que sea parteaguas a nivel nacional”.
No obstante, la institución no hizo referencia al caso de Esmeralda, el cual ya fue abordado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa matutina.
“Yo creo que no se debe criminalizar y menos a un niño de 14 años. Estamos en contacto con la familia para poder apoyar tanto legalmente como con lo que se requiera”, comentó la mandataria mexicana.
Querétaro es una de las entidades federativas donde todavía tipificado el delito de aborto en el Código Penal; pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hace años que la criminalización del aborto es inconstitucional.
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