La presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, firmó un convenio de colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa. Foto: Especial
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) firmó un convenio de colaboración, coordinación y apoyo con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro (TJAEQ), a fin de intercambiar información sobre aspirantes a cargos de elección popular que cuenten con una sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género.
En ese marco, el Instituto proporcionará al Tribunal el nombre completo de las personas aspirantes a alguna candidatura, a través de la Secretaría Ejecutiva o, en su caso, las secretarías técnicas de los Consejos Distritales y Municipales, con la debida protección de los datos personales y custodia de la información confidencial.
Por su parte, el Tribunal remitirá al Instituto un aviso, con copia certificada, de la sentencia o resolución administrativa firme por violencia política contra las mujeres en razón de género.
La presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, señaló que es la primera vez que el organismo electoral local firma un convenio de esta naturaleza, lo que permitirá implementar diversos mecanismos que garanticen una vida libre de violencia a las candidatas.
“Este convenio nos permitirá verificar si el Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con alguna resolución firme en la que haya sancionado, administrativamente, a alguna persona por violencia política contra las mujeres en razón de género y expresamente se haya señalado, como consecuencia, el impedimento para ser postulado a un cargo de elección popular”, explicó.
El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Juan Pablo Rangel Contreras, destacó la importancia de la vinculación interinstitucional y la corresponsabilidad, para el adecuado desarrollo del proceso electoral local en la entidad.
A través del instrumento signado se establecen las bases de colaboración para la integración e intercambio de información sobre aspirantes a cualquier cargo de elección popular, que se encuentran registradas con alguna condena por sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género, conforme a la normatividad aplicable.
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