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julio 26, 2024

Urgen en Querétaro leyes a favor de la comunidad trans

La activista Glenda Alonso Prado Cabrera señaló que es necesario abordar el transfeminicido en el estado

En Querétaro es necesario que las autoridades estatales establezcan leyes que garanticen la seguridad de la comunidad transgénero, ya que en la actualidad la normatividad que existe no refleja la realidad de este sector de la población, afirmó Glenda Alonso Prado Cabrera, activista trans en el estado.

“La ley de identidad de género no la presentamos nosotras, nosotros ni nosotres, la presentó un colectivo gay y un diputado. De todos modos, esta iniciativa no representa nuestra realidad, sino su realidad; esta no nos sirve para nada en caso de que se apruebe y, así como estamos viendo las cosas, seguramente no se va a aprobar en esta ni en la siguiente legislatura”, apuntó la entrevistada.

Refirió que es necesario que se trabaje a nivel nacional para garantizar la integridad física del colectivo, ya que en el país se siguen cometiendo delitos de odio en contra del gremio trans; no obstante, afirmó que específicamente Querétaro está muy atrasado respecto a las iniciativas y aprobación de leyes que garanticen equidad, dijo, derivado de que el estado es gobernado por representantes del Partido Acción Nacional (PAN).

“Desgraciadamente Querétaro es un estado tan conservador que no hay estadísticas; con certeza no sabemos decir si se han registrado o no delitos en contra de integrantes de nuestro colectivo porque probablemente se han ocultado. En este estado tenemos una mayoría panista y consideramos que eso ha generado que las leyes no se aprueben para nuestro beneficio, promoviendo así el conservadurismo”, aseveró.

Respecto a la reforma al Código penal estatal que se aprobó en el Congreso estatal de Nayarit para castigar el transfeminicido, que es el homicidio de una mujer trans por motivos de odio o por su identidad de género, lo que coloca a este como el primer estado de la República que contempla esta acción como un delito acreedor a una pena máxima a 60 años de cárcel, la activista señaló que en el estado no se ha tratado el tema con la comunidad, ley que, afirmó, tiene que abordarse en Querétaro.

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