Acusan violaciones de derechos humanos del exalcalde de Colón

Pablo González Loyola, líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, denunció que el expresidente municipal de Colón, Alejandro «N», se encuentra aislado en el Cereso de San Juan del Río

Este lunes, Pablo Héctor González Loyola Pérez, presidente Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto y defensor del expresidente municipal de Colón, Alejandro “N”, acusó que se están violando los derechos humanos de su defendido, a quien dijo lo tienen recluido en una zona de aislamiento y las visitas que recibe las hace esposado de pies y manos .

González Loyola Pérez aseveró que la detención del exalcalde el pasado 22 septiembre, estuvo alejada de la legalidad.

“Fue aprehendido por un delito no grave, no merecía detención y en su detención fue sometido a maltrato físico y psicológico que constituyen graves arbitrariedades por parte de autoridades penitenciarias, principalmente del director del Centro Penitenciario Varonil de San Juan del Río”, dijo.

Pablo González Loyola afirmó que la acusación en contra del expresidente municipal de Colón, como la de tráfico de influencias, no es considerada como grave, y por lo tanto no era necesaria la acción de prisión preventiva.

Denuncian arbitrariedades

“Las autoridades lo someten a graves violaciones en Derechos Humanos, lo tienen en celdas incomunicado, sin poder ser visitado por su familia, ni amistades, está siendo filmado las 24 horas del día los siete días de la semana, es filmado hasta para ir al sanitario y bañarse”, añadió.

González Loyola enfatizó que hasta el día de hoy, sus familiares no han podido ingresar a visitarlo, lo cual es una falta grave a los derechos humanos, ya que todas las personas recluidas en un centro penitenciario, tienen el derecho de mantener contacto con sus allegados en los días establecidos por la misma ley.

“Al hablar esta defensa con él, se encuentra esposado de pies y de manos con un custodio a sus espaldas escuchando la conversación, lo que es una pena inusitada y trascendental que restringe el derecho a una defensa adecuada y transgrede las normas de omitir tratos degradantes”, concluyó.

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