En caso de que el gobierno del estado adquiera deuda pública, esta no pondría en riesgo las finanzas del estado, aseguró Mauricio Kuri
En caso de que el gobierno del estado adquiera deuda pública, esta no pondría en riesgo las finanzas del estado y sería liquidada en este mismo sexenio, afirmó el gobernador Mauricio Kuri González.
“No (pondría en riesgo las finanzas del estado), y cualquier cuestión que se haga sería pagada en este mismo sexenio. Estaríamos viendo, no podría adelantarme a lo que pueda pasar, algún tema distinto al que yo pueda ver, pero la idea es que todo lo que se pueda pedir en este momento sería pagado en este mismo sexenio”, afirmó.
Añadió que actualmente se realiza un estudio para determinar, en un supuesto de que se adquiera deuda, el posible monto que se solicitaría.
“No me quiero adelantar hasta que ya se tenga el estudio completo”.
Sobre la reforma de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, aprobada por el Congreso local el jueves pasado, en la que se establece que las solicitudes de préstamo de las paraestatales únicamente necesitarán el visto bueno de la Secretaría de Finanzas, y ya no de la Contraloría y de Oficialía Mayor, el gobernador mencionó que se analiza a qué paraestatal se podría financiar.
Dijo que por el momento no dará a conocer más detalles de la iniciativa que presentará en la 60 Legislatura del estado en materia energética, hasta que los diputados la den a conocer.
“Querétaro tiene grandes retos: el de la energía, que no corresponde al estado, pero que es un reto; el reto del agua, el reto de la movilidad y estamos checando cómo hacer para darle una mejor calidad de vida a los queretanos”.
Con la reforma a la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro se modificaron los artículos 48 y la fracción X del 54; además, se reformó el artículo 8 bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro para que los poderes, entidades paraestatales, organismos autónomos y municipios puedan contraer financiamientos cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura.
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