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Activan en 7 ocasiones protocolo para erradicar trabajo infantil

La secretaria del Trabajo indicó que, algunos casos, el protocolo se activó por adolescentes que no cuentan con permiso de sus padres para laborar

La titular de la Secretaría del Trabajo (ST), Liliana San Martín Castillo, confirmó que, durante este 2023, el protocolo de actuación de la Comisión Institucional para la Erradicación del Trabajo Infantil en el estado de Querétaro se ha activado en siete ocasiones; en algunos casos por adolescentes laboran sin el permiso de sus progenitores ni de las autoridades laborales.

Recordó que en el protocolo participan distintas dependencias como el Sistema Estatal DIF, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Coordinación de Protección Civil estatal.

“Hay que recordar que en el caso de la secretaría del Trabajo tenemos un protocolo que puede ser activado de manera anónima o presencial. En el caso de este año debemos de tener alrededor de siete supuestos y también mencionar que en algunos casos ha sido por trabajo de adolescentes que no tienen permiso”, dijo.

Cabe mencionar que la Ley Federal del Trabajo señala que los menores de dieciséis años necesitan autorización de sus padres o tutores para laborar y, a falta de ellos, del sindicato al que pertenezcan, del Tribunal, del inspector del Trabajo o de la autoridad política.

Asimismo, el artículo 22 Bis específica que queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Además, el artículo 23 indica que: “Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores”.

La ley establece que el patrón que incurra en estas conductas se le castigará con una pena de uno a cuatro años de prisión y una multa que puede ir de 250 a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización.