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diciembre 6, 2024

Personas en situación de calle presentan 5 quejas ante DDHQ

El presidente de la DDHQ, Javier Rascado Pérez, dio a conocer que continúa el proceso de una queja presentada por una persona en situación de calle durante el año pasado

Del 2021 al 2022, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) inició cinco quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de personas en situación de calle, pero en cuatro de estas no pudieron acreditarse y una más continúa en proceso, refirió Javier Rascado Pérez, presidente del organismo.

“De las cinco quejas que te había comentado, cuatro ya se resolvieron porque no se acreditó la violación de derechos humanos y una continúa en proceso, que fue presentada en 2022 y el resto en en 2021″.

Precisó que de las quejas en 2022, una fue en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la que la persona en situación de calle refirió que fue golpeada y llevada a juzgado cívicos; y otra fue en contra de la Dirección de Inspección, porque el quejoso dijo que se quedó en situación de calle cuando se le retiró su vehículo y mercancía con la que ejercía el comercio ambulante.

Añadió que una más se inició de oficio en contra el municipio por la muerte de una persona al interior del albergue Yimpathí; no obstante, se determinó que la personas murió a causa de un infarto y no por algún tipo de violencia o un actuar indebido.

Muertes al interior de albergues

Explicó que es facultad de la DDHQ abrir quejas de oficio en todos los fallecimientos que se registran al interior de los albergues.

“Hay que recordar que cuando hay personas en situación de vulnerabilidad debemos iniciar quejas de oficio, cuando se reporte el fallecimiento de la persona; una vez que se determina la causa de la muerte se da por concluida la queja, porque no se acredita que haya habido alguna negligencia o algún actuar indebido por parte de alguna autoridad”.

Apuntó que el Estado tiene la obligación de ofrecer atención y acompañamiento a este grupo; no obstante, subrayó que no debe ser obligatorio de ninguna manera porque se estaría violando el derecho a la libre determinación y el derecho humano a la libertad.

“Lo que sí pueden hacer las autoridades es tratar de convencerlos y persuadirlos, pero siempre de manera voluntaria y en una decisión plena de la persona”.

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