María Pérez Cepeda confirmó que del 2019 a la fecha se han presentado ante el órgano electoral local 51 denuncias por violencia política en razón de género; cinco de ellas fueron consideradas procedentes
La presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), María Pérez Cepeda, confirmó que del 2019 a la fecha se han presentado ante el órgano electoral local 51 denuncias por violencia política en razón de género, 31 de ellas durante el pasado proceso electoral.
Recordó que cinco denuncias fueron consideradas procedentes y, en consecuencia, los nombres de las personas responsables son públicos en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
“Las mujeres que están llegando a un cargo de elección popular también tienen la responsabilidad de tener un desempeño que vele por los derechos de las mujeres en el ámbito de su influencia, en el ámbito de sus responsabilidades seguir atendiendo la agenda de las mujeres”, enfatizó.
La consejera del IEEQ, Rosa Martha Gómez Cervantes, refirió que este tipo de violencia se ejerce en el ámbito público con la finalidad de limitar, anular o afectar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres; el acceso a las atribuciones inherentes al cargo y el libre desarrollo de la función pública y la toma de decisiones.
En el marco de la presentación en el Congreso local denominada “Mecanismos de Prevención y Sanción de la Violencia Política”, señaló: “También hay que diferenciar eso, no todas las conductas son por violencia política en razón de género ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, hay algunas que entran en el debate político, pero ya hay jurisprudencia que nos da ciertos elementos para identificar cuando un comentario es sexista, (…) estereotipado o cuando puede poder constituir violencia política (…)”.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Marmolejo Rojas, recordó que el próximo jueves presentará ante el Pleno el protocolo para la prevención y sanción de la violencia política en razón de género para el Poder Legislativo.
