México se ha convertido en un país destino de las migraciones

Las solicitudes de asilo que ingresan los migrantes a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ascienden a más de 90 mil al mes de septiembre y las instituciones se ven rebasadas, aseguró Rodrigo Chávez Fierro, profesor investigador en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UAQ

Rodrigo Chávez Fierro, profesor investigador en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), indicó que México ya no solo se ha convertido en un país de tránsito de las migraciones, como anteriormente era; ahora, también es considerado como un país de destino, de manera que las solicitudes de asilo que ingresan los extranjeros a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ascienden a más de 90 mil al mes de septiembre y las instituciones se ven rebasadas.

“El problema es que con la pandemia las citas para iniciar el trámite las están dando hasta febrero, marzo y más del año 2022; entonces estas personas están en una situación irregular, pero en tanto no se les resuelva su estatus migratorio, pues no pueden realizar actividades laborales, o sea, no pueden estar legalmente trabajando, y esto es una complicación evidentemente, el no tener medios económicos para mantenerse en lo que resuelven esta situación”.

El también maestro en la materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos explicó que el primer obligado en garantizar los derechos de los migrantes es el estado de origen, es decir, Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela, Haití y todos esos países de donde salen las personas, a pesar de que el estado mexicano no puede hacer deportaciones automáticas.

“La migración no se criminaliza, incluso, si no se ingresó al país por los puntos aéreos, terrestres o marítimos que el país marca, porque los estados han asumido una serie de derechos que le reconocen a esas personas, por ejemplo, trato digno, recibir salud en caso de emergencia, en el caso de los niños, independientemente de su situación, es decir, si es regular o no, a brindar educación, de manera que la normatividad establece que la detención de personas tiene que ser la excepción y no puede expulsar de forma automática, se tiene que analizar cada caso en particular para determinar si la persona a la que se le va a regresar a su país no corre riesgo, en ese sentido el uso de la fuerza tiene que ser la última vía de la que el estado disponga para controlar el fenómeno migratorio”.