Al cierre de abril de 2025, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, brindaba protección a 2 mil 598 personas.
De ellas, mil 601 son defensoras de derechos humanos y 997, periodistas, de acuerdo con el Informe estadístico mensual de este organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo son las entidades que encabezan la lista de periodistas que cuentan con medidas de protección federal o bien en coordinación con autoridades estatales, dependiendo del plan de protección aprobado por la Junta de Gobierno en la que, además de representantes del gobierno federal, participan los integrantes del Consejo Consultivo como organismo ciudadano y representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Antes de su instalación a finales de 2012, algunos periodistas alertamos sobre el mal diseño institucional del mecanismo federal, pues los legisladores de todos los partidos políticos hicieron caso omiso a nuestras recomendaciones de que se trataba de un mecanismo de reacción policiaca y no de prevención basada en el libre ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad y libertad, condiciones que debe garantizar el Estado por obligación.
Alertamos de que solo establecer medidas de seguridad una vez ocurrida la agresión o amenaza generaría una presión presupuestal porque a medida que pasara el tiempo se incrementarían las personas bajo protección, con un presupuesto limitado.
No hicieron caso y siguen sin hacer caso 12 años después.
Peor aún: cada vez son más las personas que, sin ser periodistas profesionales, reciben los beneficios del mecanismo.
Lo hemos dicho en varias ocasiones: la pésima definición de “periodista” en la ley hace que se considere como tal a cualquier persona que publique lo que sea en cualquier plataforma mediática, especialmente digital, aunque en realidad solo ejerza su derecho a la libertad de expresión.
Incorporar al mecanismo a personas que publican en plataformas sociodigitales, que hacen transmisiones en vivo y que en general lo hacen sin calidad profesional, sin verificar información, sin contrastar fuentes, opinando por encima de explicar los hechos, solo ha pervertido el sentido del mecanismo de proteger el ejercicio profesional del periodismo que sigue sin considerarse como una actividad de interés pública.
Publicar y compartir ideas es un derecho humano, pero hacerlo no significa que se ejerza el periodismo y cada vez más personas son incorporadas al mecanismo como si fueran periodistas sin serlo, lo que significa que se gasten recursos que deberían utilizarse para proteger a los verdaderos periodistas y para garantizar que el periodismo profesional se pueda ejercer con seguridad y libertad.
Organizaciones de la sociedad civil han sido cómplices en esta tergiversación de una actividad profesional.
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*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”. Integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Conduce el programa Expedientes MN, que se transmite los viernes a las 18:10 h, por la cadena de Meganoticias
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