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¡Al Presidente no se le enmienda la plana!

El presidente López Obrador está convencido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede “enmendarle la plana”, baste recordar su reacción, en abril del 2022, ante la determinación de los ministros de invalidar -por considerar que incidía de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional- el candado de ¡10 años! que impuso a funcionarios públicos mediante la aprobación en el Congreso de la reforma al segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Austeridad Republicana.

“Es una aberración. (…) ¡Cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana! (…) Una mezcolanza, una inmoral promiscuidad política-administrativa; no estoy de acuerdo con eso, hay que buscar la forma, yo no me voy a quedar callado ante esas aberraciones”, dijo.

Sin embargo, se equivoca porque precisamente la función de la Corte es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución… ¡en un estado que se precie de ser democrático!

¿Y por qué? Pues porque, como sostuvo Montesquieu: “Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”… y de eso se trata precisamente la división de poderes.

Así, la reforma al Poder Judicial de López Obrador pretende, en el fondo, que nadie, absolutamente nadie, le “enmiende la plana” al presidente; de ahí su estrategia de fijar en la mente del “pueblo bueno y sabio” que el Poder Judicial “está completamente echado a perder”… porque al Legislativo, a ese, ya lo tiene totalmente sometido.

Pero lo increíble, es que sus siervos no tengan empacho en reconocerlo así…. ahí esta Ricardo Monreal con su abierta confesión de que el problema fue que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, no se sometió a los deseos del Ejecutivo:

“Fue hasta el cambio de la Presidencia, en la Corte, cuando concluido el mandato del Presidente Zaldívar, y tras el nombramiento de la nueva Presidenta, comienza a cambiar la relación entre Poderes y escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia, se empieza a tensar la relación. (…). La falta de pericia, entendimiento racional e inteligencia política de quien representaba a la Corte y representa, provocó y provoca que la rispidez y la mala relación fueran un constante en los asuntos públicos que a los Poderes les quedaban atribuidos de acuerdo con la Constitución y la Ley”.

… Y el caricaturista Rafael Barajas, ‘El Fisgón’, quien sin ningún pudor prácticamente expresó “es el poder, estúpido”…

“Todos sabemos que el poder es una estructura compleja, que hay poderes formales y poderes informales (…) sabemos que el Poder Judicial (…) es un poder que por su propia esencia es conservador y es un poder corrupto, perdón que lo diga y es un poder que no le sirve al pueblo y que no da justicia. Las autoridades judiciales apostaron a que no íbamos a poder transformar la nación y apostaron al fracaso del Plan C, hemos logrado, entre otras cosas, conquistar el Plan C, eso es un logro histórico compañeros, tenemos que conservarlo, tenemos que empujarlo, tenemos que sacarlo adelante y esto nos va a permitir transformar a la nación”.

… Y la “ministra del pueblo”, Lenia Batres, quien se ha pronunciado a favor de que la reforma constitucional a la Corte incluya, entre otras cosas: “Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado o derogado y de emitir estándares, lineamientos y parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa; limitar la invalidación de leyes para que proceda sólo cuando se actualice algún contenido ‘realmente inconstitucional’, así como revisar quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional, para eliminar -sostiene- ‘la indebida supremacía judicial que existe de facto’”.

Intromisión, dependencia y subordinación es lo que habrá en este país, para que a nadie se le ande ocurriendo “enmendarle la plana” al presidente.

¿Y los poderes judiciales estatales?

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