La distorsión en la disponibilidad de ciertos recursos naturales será uno de los efectos que derivarán del cambio climático al que, por su inevitabilidad práctica, ya con cada vez más frecuencia vemos que se le refiere como “emergencia climática”. Y no es por otra cosa, sino porque los siguientes ocho años serán clave para determinar el futuro del planeta que les tocará vivir a las siguientes generaciones.
Sin embargo, dentro de este escenario, el acceso al agua será por la lógica importancia que tiene este recurso, uno de los temas más delicados que nos tocará vivir en los siguientes años.
El 1 de junio, la Casa Blanca anuncio la creación de un Plan de Acción denominado “White House Action Plan on Global Water Security”. Esto es, un plan pensado desde la presidencia de los Estados Unidos para hacer frente al problema global que generará la dificultad del acceso al agua en los siguientes años. Según datos de la propia Casa Blanca, en la actualidad más de 2 mil millones de personas carecen de acceso a agua en condiciones seguras de consumo y cerca de la mitad de la población global carece de servicios de saneamiento adecuados. Estas estadísticas tienden a empeorar conforme la crisis climática acentúe el estrés hídrico, al grado de que se espera que para el 2030 cerca de la mitad de la población mundial viva en condiciones de estrés hídrico. Esto es, en sitios donde sea más la demanda que la disponibilidad del agua, lo que se espera que generará problemas de seguridad global y migraciones masivas, entre más efectos de otra índole.
Y como se dice popularmente, para muestra, un botón: volteemos a ver lo que está sucediendo ahora mismo en Monterrey, una de las joyas del desarrollo económico, humano e industrial del país. La crisis severa de disponibilidad de agua que se viene arrastrando desde hace meses ha llegado al grado de que ahora mismo los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey únicamente están suministrando agua a la ciudad de cuatro a 10 de la mañana, es decir, seis horas, cortando o reduciendo la presión del suministro durante el resto del día.
El problema de la regulación de la disponibilidad del agua entonces se vuelve un tema verdaderamente delicado. El agua es un recurso común que tiene la característica de que se agota y que su acceso está más o menos regulado. Se agota, pues cada litro de agua que extraemos deja de estar disponible para que otras personas lo consuman y el acceso a su explotación se da en condiciones de alta competencia por el acceso a este recurso.
Más allá de su disponibilidad por conducto de los organismos que operan las redes de agua potable y drenaje, cuya regulación es muy loable, el verdadero problema reside en la disponibilidad para su extracción. Ese tema, que en México compete a la regulación federal a través de la “Ley de aguas nacionales”, compromete la disponibilidad del agua a través de un verdadero mercado negro, donde en la sombra de la especulación se comercializan títulos de concesión de aguas, se alteran medidores y se desperdicia agua para no poner en riesgo la titularidad de las concesiones, pues la falta de uso o el uso por menos volúmenes que los autorizados puede dar lugar a la revocación de las concesiones, conformando auténticos incentivos perversos para un mal manejo del agua.
Urge que los legisladores federales volteen a ver la realidad del sistema de disponibilidad del acceso a las aguas nacionales antes de que lo que estamos viendo en Monterrey se replique en otras importantes zonas urbanas del país. Quizá ya sea inevitable, pero la crisis climática lo exige.
*El autor es maestro en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y socio en Ballesteros y Mureddu, S.C.
