El pasado 2 de marzo se aprobó en el Senado de la República la reforma a la «Ley de la industria eléctrica». Bastante criticada por la oposición y por la inmensa mayoría de los participantes del mercado eléctrico mayorista, y, sobre todo, por los integrantes del mercado que han avocado su inversión a las energías renovables; esta reforma es fruto de una iniciativa preferente promovida por el presidente de la República.
Habiendo transcurrido poco más de dos semanas desde que la reforma fue publicada en el «Diario Oficial de la Federación», son ya decenas los amparos que se han promovido contra su aplicación y que han resultado en sendas suspensiones emitidas por jueces adscritos al poder Judicial de la federación, lo que ha resultado en que esta reforma continuará congelada al menos hasta que los tribunales federales terminen por decidir si se ajusta o no a la Constitución.
De manera aventurada me atrevo a decir que es altamente probable que al tiempo se resuelva que esta reforma no es constitucional y que los órganos del poder Judicial terminen por invalidarla. La Constitución contiene diversos principios que ponen en tela de juicio la decisión de los legisladores, como lo son la sustentabilidad y la libre competencia. Como resultado de la visión que tiene el presidente alrededor del sector energético, esta reforma da preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad en su participación en el mercado eléctrico mayorista y en la práctica modifica las condiciones de mercado con las que sus participantes se habrían aventurado como resultado de la reforma energética del sexenio pasado, dificultando además la entrada en funcionamiento de las plantas que generan energía a partir de renovables.
Mucho se ha escrito ya de lo que ha sucedido en las semanas anteriores tras la votación y publicación de la reforma y de lo que está aún por suceder. Desde el inquietante cuestionamiento que el presidente ha hecho al poder Judicial de la federación tras las suspensiones otorgadas por los jueces de distrito, pidiendo que se revisen sus actuaciones, hasta la sombra que empieza a extenderse ante el riesgo de que empiecen a llover arbitrajes de inversión promovidos por empresas de capital extranjero que estimen razonablemente que esta reforma ha modificado drásticamente las condiciones de certeza y seguridad jurídica con la que habrían decidido invertir en el sector energético del país. Y finalmente, el adefesio democrático que sería reformar la Constitución caprichosamente para asegurar que esta reforma termine por ser aceptada judicialmente.
Lo que hay que decir es que esta reforma es tristemente consistente con la laxitud con la que desde la federación se está procurando el cumplimiento del país a sus compromisos en materia ambiental. Cada vez más parece que nos quedaremos lejos de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero planteados en el Acuerdo de París y, encima de ello, pareciera que damos pasos en contrasentido a la tendencia global de apostar por las energías limpias. Encima, podríamos estar viendo la estocada final a un sector energético que pudo colocarnos como una punta de lanza en la generación de renovables a nivel global. En resumen: un concierto de desconciertos y un poder Judicial que aún puede probarse como el garante de la Constitución.
*El autor es maestro en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, y socio en Ballesteros y Mureddu, S.C.
