El pasado 29 de abril se publicó un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que ha vuelto a poner de patas arriba a los participantes privados del sector de la industria eléctrica nacional.
En una decisión que se sirve del camuflaje de un acuerdo dirigido a brindar medidas para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional durante el periodo de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Cenace ha dispuesto medidas que suspenden e impiden indefinidamente las pruebas preoperativas requeridas por las centrales de generación solar y eólica para poder entrar en operación e inyectar su energía producida a la red general de transmisión, aunque por la naturaleza del acuerdo se esperaría que estuviera asociado a la duración de la emergencia sanitaria.
La razón de dicha decisión sería la intermitencia de generación de las fuentes renovables eólica y solar. En su operación, estas fuentes no inyectan energía al sistema de forma permanente, sino que lo hacen cuando existen condiciones naturales que permiten su generación y que, además, en condiciones de operación normal, lo harían antes que cualquier otra fuente de generación, ya que su costo es cero, al no requerir más que del insumo natural una vez que ha entrado en funcionamiento.
El problema que ha motivado esta decisión, de acuerdo con el Cenace, es que la intermitencia de estas fuentes está afectando la seguridad y la confiabilidad del suministro eléctrico en un periodo en el que el sistema eléctrico nacional se ha visto estresado por las diferencias en el consumo ocasionadas principalmente por la reducción de las actividades industriales durante el periodo de la emergencia sanitaria.
Lo preocupante de esta medida es el impacto que supone de cara a la participación privada en la industria eléctrica. Por enésima vez, este acuerdo vuelve a ser otro golpe que el gobierno del presidente López Obrador le brinda a la seguridad y la tranquilidad de un sector cuyo potencial resulta espectacular de cara al posible desarrollo nacional. Pero, ¿por qué?
Pues bien, en primer lugar, porque si las plantas de generación eólicas y solares desarrolladas por particulares no pueden desarrollar sus pruebas preoperativas, estas no podrán entrar en funcionamiento y no podrán aportar energía a la red general de transmisión, lo que implica, a su vez, que no podrán obtener ganancias por su generación. Y sin ingresos se pondrá en riesgo la viabilidad financiera de estas plantas que, habitualmente, sí tienen deuda contratada por cubrir.
En segundo lugar, porque una vez más tenemos al gobierno federal cambiándole las reglas a las empresas que han apostado por la industria eléctrica renovable en México. Así, tarde o temprano se minará la confianza de invertir en este sector, y eso lo acabaremos pagando todos con un sector eléctrico ineficiente y rezagado, en el que CFE no podrá hacerse cargo de todo. Y en el que, además, se habrá dejado ir otra oportunidad importante de desarrollo para el país que, en términos de potencial para la generación de energía renovable, es fantástica.
Y, en tercer lugar, porque seguimos hipotecando el medio ambiente a costa de nuestras empresas productivas nacionales. Sin la participación de inversión privada para la generación de energía limpia en México, difícilmente se alcanzará el compromiso adquirido por México en el Acuerdo de París para generar el 35 por ciento de la energía del país a partir de fuentes limpias.
*El autor es maestro en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, y socio en Ballesteros y Mureddu, SC.
