De cara a la protección del medio ambiente, los estados ordinariamente asumen un rol regulador. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, que el estado plantará cara a los potenciales problemas ambientales desde una posición prospectiva y no retrospectiva. O lo que es lo mismo, que lo hará viendo cómo prever y preparar el futuro, en oposición a cómo resolver lo sucedido en el pasado.
Para lograr lo anterior, la gestión de la protección ambiental echa mano de la creación e implementación de políticas públicas que sirvan para asegurar algunos objetivos generales: la protección del medio ambiente, el equilibrio en la explotación de los recursos naturales y, en general, el desarrollo sustentable. El problema, en ocasiones, reside en qué instrumentos utilizar o escoger dentro de las muchas formas para abordar un problema.
Los problemas ambientales, a fin de cuentas, pueden tener distintas maneras de ser abordados, cada una con sus propias características y consecuencias. La decisión de por qué asumir una forma u otra puede variar por factores como los costos administrativos y de implementación que acarreará, la eficiencia de sus resultados o, incluso, por valoraciones políticas. Entonces, ¿cuáles son los diversos instrumentos que normalmente son utilizados para materializar las políticas públicas en materia ambiental?
El primero de ellos son las normas o regulaciones prescriptivas. Esto es, normas que prescriben conductas y nos dicen qué puede y qué no puede hacerse. Y en todo caso, cómo puede hacerse. Por ejemplo, las normas que establecen que cada semestre los vehículos que circulen en el estado deben pasar por un proceso de verificación vehicular es una muestra de este tipo de regulaciones.
Un segundo instrumento son los derechos de propiedad. Un tema importante para la comprensión de los asuntos ambientales, sobre todo cuando intervienen recursos naturales, es comprender de qué clase de bienes estamos hablando. En la teoría de bienes de Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía en 2009, existen diversas clases de bienes, y cada uno presenta características propias que pueden hacerlos más susceptibles de ser regulados de una u otra manera. En general, puede decirse que a veces la preservación de algunos recursos naturales está en mejores condiciones si se crean derechos de propiedad que incentiven a sus propietarios a tener cuidado de ellos. El problema de las cosas que son de todos es que a veces simplemente nadie se encarga de su cuidado.
Un tercer instrumento son las cargas financieras para desincentivar las conductas que pretenden evitarse, aunque esto no es exclusivo de la política ambiental. Piénsese, por ejemplo, en los impuestos regresivos que se establecen a los refrescos o a los cigarros; su objetivo es desincentivar a la gente para que deje de consumir refrescos o fumar, o, en todo caso, que lo hagan en menor medida. Y, además, debería servir para cubrir los costos que al tiempo deberán asumirse por el sistema de seguridad social al atender las probables afectaciones a la salud que eventualmente sufrirán los usuarios. Un ejemplo en temas ambientales son los impuestos al carbono.
Un cuarto tipo de instrumento se hace a través de incentivos o subsidios para promover conductas que se estiman deseadas. Un ejemplo en la práctica ambiental podría ser los incentivos fiscales que se crean para promover la venta de vehículos híbridos o eléctricos.
Finalmente, la persuasión, en una buena medida dada a través de la educación, es una política pública con la cual se pretende comenzar a modular las conductas en la mayor prospectiva y en virtud de lo que es lo más adecuado para el medio ambiente.
Comprender las diversas formas de hacer política ambiental debería ayudarnos para innovar y ajustarnos cada vez más a las necesidades reales del país y del estado.
*El autor es maestro en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, y socio en Ballesteros y Mureddu, S.C.
