La OEA alertó que el modelo mexicano de elección judicial podría debilitar la independencia y eficacia del sistema de justicia, tras detectar fallas en su primera aplicación
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó no replicar en otros países el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados, tras advertir riesgos para la independencia judicial.
En su informe preliminar, la MOE señaló que esta modalidad, aplicada por primera vez en México el 1 de junio, carece de precedentes internacionales y podría afectar la imparcialidad y eficacia del sistema judicial.
Durante los comicios se eligieron más de 880 cargos judiciales, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como parte de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La observación reveló una baja participación ciudadana —apenas del 13 por ciento— y una alta proporción de votos nulos o no marcados, que representaron el 10.8 por ciento del total. Según la MOE, este resultado se relaciona con la brevedad del proceso y la falta de exámenes estandarizados para evaluar a los aspirantes.
El informe también expresó preocupación por el reparto de “acordeones” con listas de candidatos sugeridos, lo que, de confirmarse, podría constituir una forma de coacción al voto. La misión advirtió que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.
La OEA alertó que este modelo podría incentivar decisiones judiciales con fines electorales, ya que permite la reelección y establece mandatos de nueve años, lo cual podría condicionar a jueces a actuar según el interés de su electorado.
Sobre la nueva composición de la SCJN, la MOE observó que seis de los nueve ministros fueron propuestos por el Ejecutivo y tres ya integraban el tribunal, lo que genera dudas sobre la autonomía del Poder Judicial.
La misión recordó que organismos como la ONU y la CIDH también han manifestado preocupaciones sobre la reforma y su alineación con estándares internacionales de independencia judicial.
Finalmente, advirtió que las próximas elecciones judiciales en 2027 podrían coincidir con comicios generales, lo que incrementaría el riesgo de interferencia política si no se ajusta el calendario electoral.
