La jueza Allison Burroughs consideró la medida como anticonstitucional; la revocación de la certificación SEVIS quedó suspendida hasta una audiencia judicial preliminar el 29 de mayo. Foto: Especial
Una jueza de Estados Unidos bloqueó temporalmente el anuncio del gobierno de Donald Trump que impide a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes extranjeros, debido a que considera que es una medida anticonstitucional.
Cabe recordar que, el jueves Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, revocó la potestad a Harvard para matricular a extranjeros, lo cual amenaza el futuro de miles de estudiantes. Por ello, la universidad presentó una demanda y la jueza Allison Burroughs, del tribunal federal de Massachusetts, prohibió este viernes “a la administración de Trump implementar (…) la revocación de la certificación SEVIS (Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio)”.
Así, la medida del gobierno queda suspendida hasta una audiencia judicial preliminar el 29 de mayo.
El encono de Trump contra Harvard se da debido a que la universidad rechaza su exigencia de que se someta a supervisión en materia de admisiones y contrataciones, ya que según él, Harvard es “un foco de antisemitismo e ideología liberal progresista”.
En tanto que, la pérdida de alumnos extranjeros podría ser costosa para Harvard, porque cobra decenas de miles de dólares anuales en matrícula y resulta preocupante debido a que más de una cuarte parte de los universitarios son extranjeros.
Kristi Noem declaró el jueves que el gobierno “responsabiliza a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus”.
Los líderes de la sección de Harvard de la Asociación de Profesores Universitarios calificaron la decisión como “la última de una serie de medidas abiertamente autoritarias y de represalias contra la institución educativa”.
Esto, luego de que la administración de Trump amenazó con revisar 9 mil millones de dólares de financiación gubernamental a Harvard, congelando una primera partida de 2 mil 200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos oficiales; además, deportó a un investigador de la Facultad de Medicina de esta universidad.
Con información de: El Economista
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