El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpable; por lo que quedaría libre y viajaría a Australia
Tras haber pasado cinco años en una prisión de Reino Unido, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpable por una de las mayores filtraciones de documentos confidenciales.
De acuerdo con documentos judiciales citados por la agencia española de noticias EFE, dicho pacto le permitiría quedar en libertad.
Por haber violado la Ley de Espionaje de la Unión Americana, el activista australiano enfrenta varios cargos penales en territorio estadounidense, a raíz de la revelación en 2010 de documentos secretos sobre las guerras en Afganistán e Irak; así como los detenidos en la cárcel estadounidense en Guantánamo, Cuba.
Según el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Assange podría volver a su natal Australia después de declararse culpable por el escándalo de WikiLeaks.
Un documento presentado ante un tribunal federal señala que el activista de 53 años “conspiró a sabiendas e ilegalmente” para “recibir y obtener documentos relacionados con la defensa nacional” y “comunicar” dicha información a personas “que no tenían derecho a recibirla”.
Extradición, en punto muerto
Este miércoles 26 de junio, Julian Assange comparecerá ante un tribunal de las Islas Marianas del Norte, en el océano Pacífico, donde formalizaría su declaración de culpabilidad y el acuerdo con la justicia estadounidense.
Se prevé que el creador de WikiLeaks sea condenado a 62 meses de prisión, los cuales ya habría cumplido durante su estancia en prisión en suelo británico; por lo que quedaría en libertad.
Julian Assange lleva ya cinco años preso en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en las afueras de Londres; previamente, pasó siete años refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica.
Su extradición se encontraba en un callejón sin salida, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Londres consideraba que el Gobierno de Estados Unidos no había otorgado garantías suficientes sobre un juicio justo en su contra.
