Abogados de Texas solicitaron a un tribunal de apelaciones que le permita al estado mantener una barrera de boyas instalada en el Río Grande
Los abogados de Texas solicitaron este jueves al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que le permita al estado mantener una barrera de boyas instalada en el Río Grande, en la frontera sur del país, bajo el argumento de que no necesita permiso del Ejecutivo estadounidense ya que la medida es temporal.
Un panel de tres jueces en Nueva Orleans escuchó hoy los argumentos de Texas y el Departamento de Justicia de EUA en una disputa por la barrera instalada, que debe retirarse tras el fallo de un juez federal hace unas semanas, que obligó al estado a llevar la querella al tribunal de apelaciones.
La fiscal adjunta de Texas, Lanora Pettit, dijo a los jueces que la barrera no constituye una obstrucción permanente, por lo que el estado no requeriría una aprobación federal para colocar las boyas.
No obstante, la jueza Dana Douglas, designada por el presidente Joe Biden, expresó escepticismo ante este argumento, según información citada por el periódico The Dallas Morning News.
Pettit admitió que Texas necesitaría “un par de semanas” para retirar las boyas, pero insistió en que aun así “son temporales y están diseñadas para serlo”.
Los jueces no dijeron cuándo darían su fallo sobre la barrera en el río, que ha provocado incluso protestas por parte del Gobierno mexicano.
Gobierno de Biden, en contra
La Administración del presidente Biden ya se alzó con un triunfo en esta disputa cuando el magistrado David Ezra, del Distrito Oeste de Texas, señaló en su fallo que la barrera, de 300 metros de longitud, constituye una “obstrucción a la capacidad navegable” del Río Grande (Río Bravo en México).
Ezra también reprendió al Gobierno del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, por no solicitar autorización federal antes de instalarla.
El fallo también prohibió a Texas volver a instalar boyas “o cualquier tipo de estructura”.
La polémica barrera, instalada a mediados de julio pasado, forma parte de la “Operación Estrella Solitaria”, una campaña lanzada por el gobierno de Abbott para frenar la inmigración irregular desde México y mostrar su oposición a las políticas de Biden.
