El Vaticano dijo a sus trabajadores que pueden arriesgarse a perder sus trabajos si se niegan a vacunarse contra el Covid-19 sin razones legítimas de salud.
Un decreto del cardenal Giuseppe Bertello, gobernador de la Ciudad del Vaticano, dijo que vacunarse era “la elección responsable” debido al riesgo de dañar a otras personas.
La Ciudad del Vaticano, el Estado más pequeño del mundo con 44 hectáreas, tiene varios miles de trabajadores, la mayoría de los cuales viven en Italia. Su programa de vacunación comenzó el mes pasado y el papa Francisco, de 84 años, fue uno de los primeros en recibir la vacuna.
El decreto de siete páginas dice que aquellos que no pueden vacunarse por razones de salud pueden ser destinados a otro puesto, presumiblemente donde tendrían contacto con menos personas, pero recibirán el mismo pago, incluso si el nuevo puesto es de menor grado.
Pero agregó que aquellos que se nieguen a vacunarse sin una razón suficiente estarán sujetos a una disposición específica en una ley de 2011 sobre los derechos y deberes de los trabajadores.
El artículo de la ley de 2011 dice que los trabajadores que rechacen “medidas preventivas” podrían ser sometidos a “diversos grados de consecuencias que podrían conducir al despido”. El decreto se firmó el 8 de febrero y luego se publicó en el sitio web del departamento del gobernador.
El papa Francisco es un gran partidario de las vacunas para detener la propagación del coronavirus.
“Es una elección ética, porque estás jugando con tu salud, con tu vida, pero también estás jugando con la vida de los demás”, dijo en una entrevista con una cadena de televisión italiana el mes pasado.
El Vaticano ha hecho obligatoria la vacunación contra el Covid-19 para los periodistas que acompañen al papa Francisco en su viaje a Irak el próximo mes.
Bertello, quien firmó el decreto, dio positivo por coronavirus en diciembre y entró en autoaislamiento.
Hubo menos de 30 casos de coronavirus en Ciudad del Vaticano, la mayoría de ellos entre la Guardia Suiza, que vive en un cuartel comunal.
Con información de El Economista
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