El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enfrentado a una crisis política y una economía en caída, prepara un paquete de leyes para neutralizar posibles nuevas protestas de cara a un año electoral en el que busca su reelección, según analistas.
Sus aliados en el congreso presentaron proyectos de ley sobre “agentes extranjeros”, aquellos que reciben fondos o bienes del exterior, ciberdelitos y estudia reformar la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua por delitos graves.
Las iniciativas generaron duros cuestionamientos de defensores de derechos humanos dentro y fuera del país, que los calificaron como represivos y contrarios a la libertad de prensa y expresión.
Analistas señalan que estas iniciativas buscan crear condiciones favorables para una nueva reelección de Ortega, en el poder desde el 2007, en los comicios de noviembre del 2021.
La situación del gobierno del presidente, de 74 años, “no es favorable para su permanencia en el poder y lo lleva a implementar leyes represivas en su desesperación de controlar al movimiento social, evitar una segunda ola de protestas”, dice el sociólogo y analista Oscar René Vargas, actualmente exiliado en Costa Rica.
Ortega se adelantó al Congreso y promulgó este martes por decreto una estrategia nacional de ciberseguridad para controlar las redes sociales, una medida bautizada por la prensa local como “ley mordaza” o “bozal” porque la ven como una forma de censura.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, escribió en Twitter que la estrategia de ciberseguridad criminaliza “las expresiones que disgustan” a Ortega y criticó que “así no actúan los gobiernos democráticos”.
Vargas, un exsimpatizante y ahora férreo crítico del gobierno, considera que Ortega quiere llegar a un escenario electoral en una situación que la oposición “se encuentre con la soga al cuello” y dispuesta a negociar bajo sus términos.
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